El caso que envuelve a Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, arrestado tras la difusión en redes sociales de un video viral en el que realiza comentarios e insinuaciones de índole sexual mientras carga a una bebé de 11 meses, continúa generando reacciones en el ámbito jurídico nacional.
El reconocido abogado Carlos Salcedo analizó las implicaciones legales del proceso y advirtió que la conducta investigada podría acarrear sanciones severas debido al estado de absoluta vulnerabilidad de la víctima.
Salcedo explicó que el marco normativo contempla escalas de sanción que van de cinco a diez años, y subrayó que la condición de indefensión de una infante de meses de nacida obliga al juzgador a inclinarse hacia el rigor máximo que establece la ley.
«Cuando hay condición de vulnerabilidad como el caso de una menor, la sanción entonces se hace más drástica. Ahí lo que el legislador le dice al juzgador es que debe aplicar la pena máxima, por lo tanto ahí se hace más drástica la sanción», sostuvo el jurista.
El caso ha tomado dimensiones más amplias a medida que avanzan las horas y se conocen testimonios adicionales. A raíz del escándalo, han surgido otras denuncias vinculadas al imputado —incluyendo el caso de una menor de 13 años mencionado en grabaciones y otras presuntas víctimas evaluadas por los organismos correspondientes—.
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Consultado sobre la posibilidad de un cúmulo de penas ante la multiplicidad de hechos denunciados, Salcedo aclaró que este mecanismo procesal se aplica estrictamente sobre conductas concurrentes que forman parte de un mismo momento o hecho delictivo.
El Ministerio Público, representado por fiscales de la jurisdicción correspondiente, mantiene al imputado bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, desde donde se apresta a depositar la solicitud de medida de coerción. Paralelamente, especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizan las evaluaciones físicas y psicológicas a las menores involucradas para determinar el grado de afectación y establecer la calificación jurídica definitiva que sustentará el expediente.
