La Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, recomendaron al Tribunal de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua acoger el pedido de amparo incoado por organizaciones y la comunidad de Los Negros, de ordenar “el retiro urgente, planificado y técnicamente seguro” de las barcazas de generación eléctrica fuera de la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre de Puerto Viejo de Azua.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC; el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA; y el Comité Anti Barcazas de Los Negros, accionantes del amparo, informaron que este informe fue elaborado a petición de la jueza titular, Karen Gisela Castillo Castillo, de este tribunal.
En la audiencia celebrada el 14 de abril de 2026, la jueza ordenó mediante sentencia que ambas instituciones científicas presentaran un estudio sobre los impactos de las barcazas de la empresa Karpowership Dominicana República, S. A. S., en Los Negros de la provincia de Azua.
Manifestaron que el informe, de fecha 15 de agosto de 2026, concluyó que las centrales flotantes de generación térmica no debieron instalarse en Los Negros, Puerto Viejo, y no deben permanecer en ese emplazamiento.
Las organizaciones comunicaron que el próximo miércoles, 21 de este mes de octubre, está fijada la audiencia que proseguirá el conocimiento del amparo interpuesto en contra de estas unidades de generación eléctrica en la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Azua y, por tanto, se debatirá este informe.
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Diez criterios
El primer y más importante criterio de los diez que enumera y explica el informe para apoyar la expulsión de las barcazas de Los Negros es que están en la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo de Azua.
Según el informe, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales admitió esta ubicación y, en la licencia ambiental que en principio expidió a favor del proyecto, le impuso restricciones mayores pretextando esta circunstancia.
El documento expone que ni el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto ni tampoco la licencia ambiental otorgada demuestran la compatibilidad entre la operación de las barcazas y la finalidad de la zona de amortiguamiento de un área protegida.
Se partió de que ese era el lugar donde se colocarían las barcazas sin otra opción, limitándose la autoridad ambiental a intentar mitigar los impactos que estas causarían en una zona protegida.
Otro criterio es que la Resolución 0010-2018 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales plantea que, en las áreas protegidas de las categorías II a la IV, en sus zonas de amortiguamiento solo se podrán hacer usos de bajo impacto vinculados a la conservación, a la investigación, recreación, pesca artesanal y otros servicios compatibles.
Un hecho muy grave que apunta el informe emitido por la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD es que no existe en la actualidad una licencia renovada o modificada que ampare la operación de estas barcazas para generar 418 megavatios.
“Es decir, que la licencia emitida originalmente se venció al año de vigencia y, arriba de eso, las barcazas están generando 418 megavatios cuando la licencia original solo autoriza 188 megavatios, una diferencia de 230 megavatios más, lo que representa mucho mayores impactos al medioambiente y a la salud de la comunidad”, comentaron las organizaciones impetrantes.
Además, indica el informe que no ha habido una nueva consulta a las comunidades para conocer y aprobar la expansión de 230 megavatios adicionales, de 188 megavatios a 418 megavatios, más de dos veces lo que originalmente se autorizó. Este es un requisito imprescindible establecido por la ley.
Comprobación de riesgos
Lo que se quería evitar al declarar la bahía de Puerto Viejo área protegida con su zona de amortiguamiento ya ha ocurrido.
El informe cita mortandad multiespecífica de peces y otras especies marinas en junio de 2023, derrame de mezcla oleosa o hidrocarburos del 31 de agosto de 2023, quejas sobre humo, olores, calor, ruido y disminución de pesca y, finalmente, nueva mortandad en agosto de este año 2026.
El estudio observa que la bahía de Puerto Viejo es un medio acuático que posee continuidad y, por tanto, existe una vinculación entre el núcleo del área protegida y la zona de amortiguamiento.
“Esta bahía es cuna y lugar de crianza de especies en peligro de extinción, como son las tortugas marinas o carey y el manatí antillano. Los eventos que han ocurrido presumiblemente provocado por las barcazas pueden estar afectando estas especies en peligro de extinción, porque el medio acuático es continuo: lo que mata aquí puede matar allá”, aseguraron las organizaciones accionantes.
Otro riesgo que señala el informe son los impactos en la salud por la emisión, vía las chimeneas de las barcazas, de material particulado, de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno a niveles muy superiores a los estándares permitidos.
Por otra parte, dice el informe que no está comprobado que la empresa dueña de las barcazas haya realizado los Informes de Cumplimiento Ambiental, ICA, que debieron haberse hecho cada seis meses. Este incumplimiento es causa de cancelación de la licencia ambiental.
Para las organizaciones accionantes, este informe coloca al tribunal en una situación en la que tendrá que decidir, por una parte, si defiende las áreas protegidas o no y, por la otra, si se debe o no respetar la ley y, por tanto, si se debe o no preservar la institucionalidad. “No se trata solo de proteger el patrimonio natural del país, sino de garantizar el Estado de derecho”.
Afirmaron que ninguna emergencia, incluida la emergencia energética, autoriza a adaptar la norma al interés particular ni a convalidar después lo que debía evaluarse y autorizarse antes. La ley no puede ser un accesorio de la contratación eléctrica.
