La historia de dos jueces enfrentados por la manutención de un hijo, así como el drama del padre y su única hija, enemistados por una herencia, casos que se resolvieron tras una mesa de diálogo en el Centro de Mediación Judicial de Santo Domingo Este (SDE), mostraron el lado más íntimo y transformador de la justicia alternativa en nuestro trabajo anterior.
La historia continúa hoy. La radiografía institucional sobre el tema la presenta la Fiscalía del Distrito Nacional, junto a las estadísticas oficiales de la Casa Comunitaria de Justicia (CCJ) de La Ciénaga, un sector vulnerable situado en la ribera occidental del río Ozama, que cuenta con una densidad poblacional estimada en unos 25,000 habitantes, según la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE).
Los datos oficiales de la Fiscalía revelan que allí la mediación no es solo una alternativa idealista, sino una válvula de escape indispensable para este sector de alta vulnerabilidad y convivencia compleja. De ahí que los conflictos más frecuentes que llegan a mediación son las disputas vecinales, por deudas menores, ofensas verbales y los problemas cotidianos de convivencia que, de no ser resueltos a tiempo a través del diálogo, podrían convertirse en violencia criminal.
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PROBLEMAS DE AÑOS RESUELTOS EN MINUTOS
La amistad de Juan y Pedro (nombres ficticios), dos viejos amigos residentes en La Ciénaga, se había roto hacía varios años por una deuda de RD$20,000. El 2 de octubre del año en curso, en un espacio de diálogo y en apenas 65 minutos, lograron un acuerdo total que cerró definitivamente el caso y puso fin a su enemistad, con la mediación de Marta Toribio.
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Informe Anueal EST-CCJ-2025
HABLAN LAS ESTADÍSTICAS
La efectividad de la Casa Comunitaria de Justicia para resolver controversias en La Ciénaga, antes de que escalen a los estrados, la confirman las estadísticas correspondientes al período anual 2025 y los dos cuatrimestres de 2026.
Durante el 2025, la Unidad que dirige la magistrada Adriana Lied atendió un total de 1,148 personas, registrando un promedio mensual de 95 ciudadanos y 4 por día. En ese mismo período se trabajaron 393 casos, de los cuales 113 correspondieron a expedientes entrantes y 280 a casos acumulados que fueron cerrados.
En el primer cuatrimestre del 2026 (enero-abril), la atención de mediación a los residentes del sector continuó con 260 personas asistidas, lo que representa un promedio mensual de 65 ciudadanos, promediando 90 mensual. Durante ese período se trabajaron 119 casos, de los cuales 55 fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 48 % del total trabajado.
Informe Anueal EST-CCJ-2025
En el segundo cuatrimestre (mayo-agosto), el flujo de asistencia experimentó un alza notable al registrar 525 personas atendidas, para un promedio aproximado de 6 ciudadanos por día. La carga laboral en este período ascendió a 144 casos trabajados, reflejando un incremento del 17.3 % en los casos entrantes respecto al cuatrimestre anterior. De ese volumen, 74 casos fueron resueltos, lo que representa un 15 % de efectividad sobre los casos elegibles para decisión dentro del total trabajado.
“Estas cifras demuestran que, sin la intervención de la Fiscalía ante la Casa Comunitaria, más de 1,500 conflictos entre ciudadanos habrían ingresado en este lapso al circuito de la justicia ordinaria, sobrecargando los tribunales en materia penal y civil”, observó la fiscal del Distrito Nacional, magistrada Rosalba Ramos.
DE LO SOCIAL A LA PRESIÓN ECONÓMICA
Los cuadros estadísticos también revelan un cambio en los tipos de infracciones atendidas en La Ciénaga, reflejando que las causas socioeconómicas impactan con mayor fuerza la vida en la comunidad.
De acuerdo con este patrón, durante el 2025 las disputas vinculadas al entorno físico y la convivencia vecinal dominaron las estadísticas. De las 565 infracciones registradas, la causa principal fue el daño a la propiedad ajena, con 262 casos (que representan más del 40 % de los expedientes entrantes), seguida por las disputas por aguas residuales, con 210 expedientes.
En cambio, en el primer cuatrimestre del 2026, las tensiones por asuntos financieros asumieron el protagonismo. Los conflictos por alquiler pasaron a representar el 50 % de los casos entrantes, con 113 registros, seguidos por las deudas, con 77 casos.
Para el segundo cuatrimestre de este año, las deudas se posicionaron como la principal problemática, representando el 46 % dentro del volumen general de 64 expedientes entrantes, seguidas por los conflictos de alquiler, con 38 casos.
TASA DE ACUERDOS
En el consolidado anual de 2025, la Fiscalía logró 80 acuerdos en casos entrantes, lo que equivale a una tasa de conciliación del 20 % respecto a los casos decididos.
Para el primer cuatrimestre del 2026, el indicador se mantuvo estable, con una tasa de conciliación fijada en el 20 % de la totalidad de los expedientes decididos. En cambio, en el segundo cuatrimestre, la efectividad conciliadora repuntó con 51 acuerdos alcanzados, situando la tasa de conciliación en un 37 % sobre los casos decididos y logrando un promedio de acuerdos en casos acumulados que alcanzó el 65 %.
La labor desarrollada por la Fiscalía ante la Casa Comunitaria de Justicia de La Ciénaga confirma que la mediación preventiva es uno de los recursos más costo-efectivos y humanos para enfrentar la mora judicial. Los datos demuestran que, al descentralizar la función del Ministerio Público y aproximarla a la comunidad, se logran desactivar a tiempo las controversias de convivencia y naturaleza económica.
MEDIACIÓN VS. ABOGADOS
El éxito de los servicios que ofrecen de manera gratuita los centros de mediación judicial a los ciudadanos abre un debate ineludible con los profesionales del derecho, parte imprescindible en todo proceso judicial. ¿En qué medida pueden ver afectados sus intereses los abogados con este servicio gratuito que ofrecen las autoridades judiciales a la ciudadanía?
La respuesta institucional la da el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, quien, de entrada, plantea una necesaria delimitación de fronteras.
Por un lado, el jurista reconoce como positivo que la Defensa Pública y los profesionales del derecho no asuman la representación de personas morales, compañías o empresas bajo el alegato de indigencia, ya que esto desnaturaliza el verdadero espíritu de protección social que debe prevalecer en la asistencia legal gratuita.
Por otro, advierte sobre la preocupación legítima de que se puedan desplazar espacios de trabajo del abogado en materias que sí requieren un rigor procesal y constitucional estricto. Esto lo señala tras aclarar que la mediación y los centros comunitarios destinados para estos fines operan en una etapa inicial que no está judicializada y que no comporta un hecho que trascienda el orden público.
“Bajo ninguna circunstancia se intentará mediar ni dejar sin efecto crímenes graves que lesionan a toda la sociedad, tales como homicidios, tráfico de drogas, torturas, trata de personas o lavado de activos. En estos escenarios, la persecución penal y la representación de las víctimas se ejercen exclusivamente a través del Ministerio Público”, enfatizó Potentini.
El presidente del CARD precisó que lo que se busca es un equilibrio normativo y práctico que proteja el libre ejercicio de la abogacía, “sin restarle mérito a la valiosa paz social que se teje, caso a caso, en los barrios del país”.
CUANDO EL DIÁLOGO VENCE AL CONFLICTO
Más allá de las estadísticas y los debates de los abogados, el verdadero éxito de la mediación se ve en las calles: en los rostros de los vecinos que vuelven a saludarse, en los malos entendidos que se aclaran tomando una taza de café juntos frente a una casa en la vecindad, en los abrazos o apretones de manos que se dan tras el diálogo, apagando la mecha encendida que pudo terminar en tragedia.
