Tener reconocido el derecho a estudiar no garantiza llegar a un aula. Tener capacidad para trabajar tampoco asegura encontrar un empleo. Y disponer de una silla de ruedas puede resolver una necesidad de movilidad sin eliminar las escaleras, aceras, transporte o edificios que impiden desplazarse.
La radiografía sobre discapacidad en República Dominicana conduce así de las cifras a las oportunidades.
El país dispone de un marco normativo que reconoce derechos a esta población. La Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad y su reglamento contemplan, entre otros ámbitos, educación, inserción laboral y accesibilidad universal. A ello se agregan instrumentos de planificación pública dirigidos a eliminar barreras físicas, comunicacionales, sociales y culturales.
Sin embargo, los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 muestran diferencias considerables entre la población con y sin discapacidad en educación y participación laboral. Y las entrevistas realizadas por HOY revelan obstáculos que van desde infraestructura y transporte hasta formación, comunicación y actitudes sociales.
Tracy Castillo Sandoval, psicóloga experta en educación inclusiva/Hoy.
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Brecha
Uno de los contrastes más pronunciados aparece en la alfabetización. El 22.3 % de las personas de cinco años y más con discapacidad no sabe leer ni escribir, frente al 8.2 % entre quienes no tienen discapacidad. A la inversa, 77.7 % de la primera población sabe leer y escribir, comparado con 91.2 % de la segunda.
La desigualdad se hace todavía más evidente al observar la trayectoria educativa. El 20.8 % de las personas con discapacidad nunca asistió a la educación formal, más de tres veces el 6.2 % registrado entre quienes no tienen discapacidad. Entre quienes al momento del censo asistían a un centro educativo, las proporciones eran 10 % y 31.4 %, respectivamente.
La distancia persiste en los niveles superiores. El 24.7 % de las personas con discapacidad había cursado o alcanzado secundaria, frente al 35.4 % de quienes no tenían discapacidad; en el nivel universitario las proporciones descendían a 12 % y 20.2 %, respectivamente.
Los números encuentran explicación práctica en las aulas. Tracy Castillo Sandoval, psicóloga especializada en educación inclusiva, atención a la diversidad y orientación escolar, reconoce avances en normativas, recursos y formación, pero también una distancia entre esas disposiciones y lo que ocurre en todos los centros educativos.
“Sí, existen brechas. Todavía existen brechas”, afirmó. Explicó que no todos los docentes están suficientemente empoderados en inclusión ni todos los centros completamente adecuados para responder a las necesidades de los estudiantes.
Castillo señala que existen aulas específicas como espacios transitorios para determinados estudiantes, entre ellos niños con trastorno del espectro autista (TEA) y discapacidad intelectual, antes de su incorporación a aulas regulares, pero no todos los planteles cuentan con ellas.
También advierte que la falta de un diagnóstico previo no debe convertirse en motivo para excluir a un niño de la escuela. Ante indicadores que requieran atención, sostiene, el centro debe activar sus mecanismos de evaluación psicopedagógica y proporcionar los apoyos correspondientes. Sin embargo, reconoce que no todas las escuelas están igualmente sensibilizadas ni conocen de igual manera los procedimientos.
Las dificultades tampoco terminan cuando una persona recibe rehabilitación o un dispositivo de apoyo.
Desde la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), su directora general, María Luisa Lavernia, y la directora de Operaciones, Apoyo Social y Estadística, Anniuska Castillo Luciano, plantean la accesibilidad como una cadena. Una persona necesita poder movilizarse dentro de su vivienda, salir de ella, utilizar el transporte, entrar al edificio de destino y acceder, en igualdad de condiciones, a espacios tan cotidianos como un baño o un comedor.
Fuentes
La institución señala que numerosas viviendas presentan obstáculos desde su entrada y que la cadena continúa en calles, aceras, transporte y edificaciones.
La situación económica puede agravar esas barreras. Rehabilitación relató a HOY el caso de una joven que vive en un tercer piso y solo puede acudir un día a la semana a un programa de voluntariado inclusivo porque ese día dispone de alguien que la ayude a bajar. La institución también encuentra personas que llegan a sus servicios con dinero únicamente para el viaje de ida y requieren ayuda para regresar a sus hogares.
La accesibilidad, por tanto, puede terminar condicionando otras oportunidades.
“Tú puedes hacer un recorrido y encontrar […] personas con discapacidad, pero cuando tú sales no las ves en el parque, no las ves en la iglesia, no las ves en el ayuntamiento, no las ves en las plazas”, expuso Lavernia al explicar la relación entre transporte, aceras, poder adquisitivo y participación social.
A ello se agregan limitaciones en los propios servicios especializados. Rehabilitación reportó dificultades para cubrir la demanda de médicos fisiatras en toda su red y señaló que en algunas localidades dispone de esos especialistas solo durante períodos limitados.
Barreras invisibles
No todas las barreras tienen escalones. Para una persona sorda, por ejemplo, la imposibilidad de comunicarse con quien presta un servicio puede convertirse en un obstáculo tan determinante como una escalera para quien utiliza una silla de ruedas.
Castillo Sandoval, quien tiene experiencia con personas con discapacidad auditiva, identifica precisamente la comunicación como una de las principales dificultades que enfrenta esta población cuando quienes interactúan con ella desconocen la lengua de señas. Al mismo tiempo, destaca avances como la lengua de señas dominicana, materiales educativos accesibles y recursos disponibles en plataformas educativas.
Pero, para la especialista, la barrera más profunda es la actitud de la sociedad. “Discapacidad no es incapacidad”, insiste. A su juicio, las limitaciones aparecen también cuando el entorno físico, la comunicación y la manera en que los demás perciben a una persona le impiden acceder a servicios o desarrollar sus capacidades.
Esa apreciación coincide con la propia definición estadística que sirvió de punto de partida a esta serie: la discapacidad no puede observarse únicamente desde una condición individual, sino en su interacción con las barreras que restringen la participación.
Después de contar 478,300 personas de cinco años y más con discapacidad, el desafío no termina, entonces, en perfeccionar la estadística.
Los datos muestran quiénes están quedando más lejos de la escuela y del mercado laboral. Las instituciones reconocen avances normativos, programas y mecanismos que se encuentran en desarrollo, pero también dificultades de implementación, accesibilidad y articulación.
Castillo Sandoval resume el desafío desde esta perspectiva: “La inclusión comprende transformación”. Para ella, supone transformar los espacios y también la concepción social sobre la persona, reconocer su capacidad, sus derechos, competencias y aquello que puede aportar.
Contar a las personas con discapacidad permite hacerlas visibles en las estadísticas; incluirlas exige remover las barreras que condicionan el ejercicio de sus derechos.
Empleo: menor participación
El mercado laboral refleja otra brecha. Según el Censo 2022, la participación de las personas con discapacidad es de 43.3 %, frente a 58.7 % entre quienes no tienen discapacidad; la inactividad llega a 56.7 %, comparada con 41.3 %. La ocupación también es menor: 41.3 %, frente a más de 55 %. La Ley 5-13 fija cuotas de contratación de 5 % en el sector público y 2 % en el privado, según explicaron las representantes de Rehabilitación. La entidad advierte que el país aún no dispone de una medición integral que determine su cumplimiento. Ese mecanismo requiere articular a Conadis, el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Ministerio de Trabajo y las entidades públicas y privadas.
Consultado por HOY, Conadis informó que el proceso comenzó en la administración pública con un subindicador en su sistema de monitoreo. También reportó comités de inclusión y accesibilidad en al menos 30 instituciones, levantamientos de accesibilidad física en 51 y un programa formativo para el cumplimiento de la cuota laboral. Son avances, pero describen acciones en desarrollo y no equivalen a una medición nacional del porcentaje de cumplimiento de las cuotas. La falta de una medición integral impide establecer cuánto se acercan hoy los sectores público y privado a esas cuotas legales
