El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a Miguelina Bello Segura, acusada de participar en la comercialización clandestina de municiones sustraídas de la Policía Nacional con ciudadanos haitianos, como parte de la denominada Operación Pandora, una investigación clave sobre irregularidades en el manejo de armamentos y pertrechos bajo custodia estatal.
La sentencia fue dictada luego de que la imputada alcanzara un acuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual admitió los hechos y aceptó colaborar con las autoridades para desmantelar la presunta estructura criminal responsable del desvío de material.
De acuerdo con el expediente acusatorio, las municiones comercializadas procedían de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, dependencia encargada de la custodia, administración y control de estos recursos.
El caso forma parte de una investigación de mayor alcance en la que el Ministerio Público estima que el presunto entramado provocó pérdidas al Estado dominicano por aproximadamente RD$92.2 millones.
Cumplirá 18 meses en prisión domiciliaria
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La sentencia, homologada por la jueza Kenya Romero, contempla la suspensión condicional de la mitad de la pena impuesta a Bello Segura.
En consecuencia, la condenada deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria, mientras que el período restante quedará sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas por el tribunal.
Entre las reglas de conducta impuestas figuran mantener una residencia fija y comunicar cualquier cambio de domicilio al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena.
Asimismo, tiene prohibido salir del territorio dominicano sin autorización judicial, portar armas de fuego y consumir bebidas alcohólicas de manera abusiva.
También deberá presentarse mensualmente ante la autoridad correspondiente para garantizar la supervisión de las medidas judiciales.
La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 5 de noviembre de 2026, a las 3:00 de la tarde, según informaciones publicadas por Diario Libre.
Municiones bajo custodia policial terminaron en comercio clandestino
Uno de los aspectos centrales de la Operación Pandora es la presunta extracción irregular de miles de municiones, armas y otros pertrechos pertenecientes a la Policía Nacional.
Según la acusación, parte de estos materiales salió de los depósitos oficiales mediante maniobras irregulares que permitieron su posterior comercialización fuera de los canales autorizados.
En el caso de Bello Segura, el Ministerio Público le atribuye haber participado en la comercialización clandestina de municiones con ciudadanos haitianos, una de las líneas clave del expediente.
El origen policial del material constituye uno de los elementos de mayor relevancia del proceso, debido a que los recursos estaban destinados al uso institucional y debían permanecer bajo estrictos controles.
No obstante, el monto de RD$92.2 millones corresponde al perjuicio económico atribuido al conjunto del presunto entramado y no exclusivamente a las operaciones imputadas a Bello Segura.
Coronel y capitán figuran entre los acusados
La investigación también involucra a altos oficiales de la Policía Nacional que ocupaban posiciones estratégicas relacionadas con el manejo y custodia de armamentos.
Entre los procesados enviados a juicio de fondo figura el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas, así como el capitán Nelson Valdez, exdirector del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
Ambos están señalados por su presunta vinculación con las graves irregularidades detectadas en la institución.
El auto de apertura a juicio también incluye a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A varios de los imputados se les sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de RD$500,000 mediante una aseguradora, además de impedimento de salida del país.
Estas medidas forman parte del proceso judicial en curso contra los demás acusados, quienes mantienen la presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia definitiva.
Acusaciones por desfalco y asociación de malhechores
El Ministerio Público sostiene que el presunto esquema delictivo ocasionó un perjuicio de RD$92.2 millones al Estado dominicano, producto del desvío y venta ilegal de material policial.
Entre los delitos imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores.
La acusación también contempla violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las autoridades continúan investigando las responsabilidades individuales y los mecanismos que facilitaron el retiro y la comercialización ilegal de estos recursos.
