“El Gobierno de la República Dominicana no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando esfuerzos significativos para lograrlo”. De esta forma, en los años 2025 y 2026, Estados Unidos inicia el informe sobre trata de personas referente al país.
En el 2025, República Dominicana se encontraba en el nivel 2 y este año se sigue igual.
Establecen que el Gobierno demostró un aumento general en sus esfuerzos en comparación con el período del informe anterior; por lo tanto, “la República Dominicana se mantuvo en el Nivel 2”.
Dentro de estos esfuerzos destacan el aumento de las penas con la promulgación de una nueva legislación, el establecimiento de una unidad especial de investigación bajo la Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), la condena de más traficantes y la remisión de más víctimas a servicios de protección.
“Sin embargo, el Gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. Los esfuerzos para investigar casos de trata laboral e identificar a las víctimas de trata laboral siguieron siendo insuficientes, incluso en sectores con riesgos conocidos de trabajo forzoso. El Gobierno investigó menos casos de trata e identificó menos víctimas de trabajo forzoso. El Gobierno no logró avances significativos en la expansión de su programa piloto para registrar a los trabajadores migrantes que poseen contratos de trabajo, lo que reduciría su vulnerabilidad al trabajo forzoso”, escribieron.
Al referirse a las investigaciones sobre casos, establecen que, en 2025, el Gobierno investigó 94 casos de trata (85 por trata sexual, ocho por trabajo forzoso y uno por una forma no especificada de trata). Sin embargo, en 2024 se investigaron 229 (216 por trata sexual y 13 por trabajo forzoso).
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Durante el año estudiado, el país solo informó sobre dos investigaciones “en curso” sobre trata sexual, en comparación con 57 casos en 2024.
Este informe señala un aumento en la presentación de traficantes ante la justicia, ya que en 2025 se procesó a 73 presuntos traficantes (59 por trata sexual y 14 por trabajo forzoso), en comparación con el procesamiento de 50 presuntos traficantes en 2024 (38 por trata sexual, tres por trabajo forzoso y nueve por formas no especificadas de trata).
También aumentaron las condenas, con 30 traficantes condenados (29 por trata sexual y uno por trabajo forzoso), en comparación con los 11 traficantes condenados en 2024 (siete por trata sexual y cuatro por trabajo forzoso).
“El Gobierno también informó de un número indeterminado de investigaciones en curso sobre presunta complicidad de funcionarios en delitos de trata. Observadores señalaron que la excesiva dependencia del testimonio de las víctimas llevó a los funcionarios a desestimar casos si las víctimas no estaban dispuestas o no podían testificar”, dicen.
También destaca la cooperación del país con otros gobiernos en operaciones sobre trata de personas. Además, realizó capacitaciones y aumentó el presupuesto para luchar contra este delito.
“El Gobierno intensificó sus esfuerzos para proteger a las víctimas; sin embargo, persistían importantes deficiencias en las labores de identificación de las víctimas de trabajo forzoso y de los varones”, dicen al destacar que para los hombres víctimas de trata no existen servicios especializados como los que hay para las mujeres.
Trabajo forzoso
En relación con este punto, Estados Unidos establece que los inspectores laborales “no identificaron sistemáticamente casos de trabajo forzoso” ni los remitieron para investigación penal.
“Los observadores señalaron que los inspectores identificaron con mayor facilidad los casos de trabajo infantil, que eran más fáciles de detectar”, explican.
Las dificultades para detectar a estos trabajadores se observaron en la agricultura y la construcción, donde la falta de documentación y de tarjetas de identidad dificultó el acceso al sector laboral formal, lo que generó mayores riesgos de explotación.
