Bogotá/Lima.- Las amenazas contra periodistas, incluidas de muerte, se han incrementado en Perú, donde el nuevo Congreso también ha realizado «acciones que afectaron el ejercicio periodístico», señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la organización remarcó que «este tipo de intimidación no es nuevo en el país», pero «hasta hace algunos años no constituía un fenómeno tan frecuente».
La SIP mencionó el asesinato, el pasado 19 de septiembre, de la comunicadora Susy Aponte Polo, en un caso de presunto sicariato que se produjo en la ciudad norteña de Caraz y «puso nuevamente de relieve los riesgos que enfrentan quienes difunden información sobre asuntos sensibles».
«En varios episodios, incluido el de Aponte, los propios periodistas habían advertido previamente que sus vidas estaban en riesgo, sin que, según las denuncias conocidas, recibieran una respuesta estatal efectiva», remarcó.
El informe también sostuvo que el Congreso peruano, cuya nueva legislatura asumió funciones a fines de julio pasado, volvió a situarse entre las instituciones «más cuestionadas por acciones que afectan o buscan limitar el trabajo de la prensa peruana».
En contraste, añadió, «durante este semestre no se registraron agresiones de gravedad contra la prensa provenientes del Poder Ejecutivo ni del Ministerio Público».
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Al detallar algunas acciones del Congreso que afectaron el ejercicio periodístico, señaló que periodistas de diversos medios fueron impedidos de ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la mesa directiva y que, en agosto pasado, el diputado Aldo Bravo propuso modificar el Código Penal para establecer como agravante la apología del delito «mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión».
La SIP remarcó que esta propuesta fue retirada posteriormente «tras recibir diversas críticas».
Más de 60 periodistas afectados por agresiones
El organismo indicó que más de 60 periodistas peruanos fueron afectados por agresiones de diverso tipo durante el primer trimestre de este año, en la etapa preliminar de la primera vuelta de las elecciones celebrabas en abril, y que el 69 % de los casos fue atribuido a candidatos y el 64 % correspondió a discursos estigmatizantes, aunque también se registraron amenazas y agresiones físicas.
Durante la cobertura electoral de la primera vuelta, realizada el 12 y 13 de abril, ocho periodistas resultaron afectados, entre ellos Ysrael Rivera, reportero de Radio Uno, de la región sureña de Tacna, quien fue detenido por un policía mientras cubría el retiro de material propagandístico de partidos políticos en zonas cercanas a centros de votación.
En junio, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al diario El Comercio aplicar el derecho al olvido y eliminar tres artículos publicados en 2014 que vinculaban a una antigua asesora del Ministerio de Agricultura con una organización criminal.
El informe mencionó que el 6 de junio fue atacada con explosivos la vivienda del periodista Julio Aquise, en la región sureña de Arequipa, quien había presentado ante la Fiscalía presuntas pruebas sobre actos de corrupción cometidos por policías, y que en el período se presentaron querellas por presunta difamación contra los periodistas César Hildebrandt y Paola Ugaz.
Además, que el periodista y fundador del medio digital La Lupa, Kenny Yucra, recibió mensajes con amenazas de muerte, mientras que otros cinco periodistas de la ciudad amazónica de Iquitos fueron objeto de una querella presentada por una fiscal después de que difundieran información sobre dos vehículos que adquirió en un período de menos de cinco meses, a partir de un información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
