En la actualidad la información constituye, en gran medida, un esencial recurso estratégico para el ejercicio de la diplomacia contemporánea. Su importancia deriva de la capacidad de transformar “acontecimientos, datos y señales”, obtenidos objetivamente del entorno internacional, en conocimientos que permitan orientar la política exterior, respaldar las negociaciones, anticipar riesgos y proteger los intereses del Estado, entre otros fundamentales aportes, que se tratarán subsecuentemente en esta misma columna.
En igual dirección, para la labor de información, las Cancillerías -y el servicio exterior- deben contar con funcionarios capacitados para tal responsabilidad, que entre otros esenciales conocimientos de su formación multidisciplinar, se encuentra saber auxiliarse eficazmente de los medios electrónicos de comunicación e información, incluyendo por supuesto la fundamental inteligencia artificial. Esta última debe acompañarse de la “verificación humana, de la ineludible protección de la información confidencial y de la consistente verificación de la fiabilidad de los resultados”.
Procede precisar que para los aportes de tales tecnologías en este ejercicio, resulta fundamental contar con efectivas estrategias de ciberseguridad para “la protección de los datos diplomáticos sensibles”.
Debe puntualizarse, que los precitados funcionarios deben estar capacitados de forma tal que puedan asumir con la eficiencia que demandan, las responsabilidades que implican la recepción, evaluación, análisis y depuración de las informaciones, resultantes del ejercicio de “las funciones de observación e información”, -que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas- para las misiones de tal carácter, (que suelen materializarse mediante consistentes informes, cuyo contenido requiere ser obtenido por medios lícitos); e igualmente, de las informaciones al respecto, generadas por labores de funcionarios de la propia Cancillería (por “mecanismos institucionales” y las resultantes de la “e-diplomacy”).
La correspondiente “estructuración” de las informaciones crea la necesidad de obtener otros datos, o de completar, precisar o profundizar en los existentes. Lo que demanda “acciones de búsqueda y conexiones”, requiriendo solicitudes de ampliación, a los responsables de aportar dichas informaciones.
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Las investigaciones, en este ámbito, exigen objetividad, profundidad y seguridad, facilitándose así “una elección inteligente entre los conocimientos disponibles y los comprobados”. Obviamente: “La calidad y confiabilidad de la información crece cuando procede de fuentes distintas y separadas, que permitan evaluar su veracidad e implicaciones” (A. Plantey).
Resulta fundamental, llevar a cabo un consistente análisis de la situación nacional e internacional (y sus perspectivas), igualmente, realizar evaluaciones periódicas sobre el curso del “poder exterior del Estado” y, de los resultados de relevantes interacciones del país en el exterior, las cuales son imprescindibles para prever los rumbos y márgenes de acción de la política exterior, en el ámbito de las responsabilidades de los “Centros de Pensamiento Estratégico”, y de las Direcciones de Investigación y Prospectiva Internacional.
Debe destacarse, que ineludiblemente mediante mecanismos institucionales, las autoridades correspondientes dirigen el resultado del “procesamiento” de dichas informaciones, conforme determinen su utilidad, para la acción exterior, también para las correspondientes negociaciones, o bien para el Banco de Datos y, sobre todo, las que ameritarán ser del conocimiento del Jefe de Estado.
Evidentemente, los agentes diplomáticos -que deben estar capacitados para realizar con destreza el análisis económico, y también el político-, no trazan los principios de la política exterior, participan sin embargo, en la formulación y modificación de esa política, incluso su labor permite tomar acciones concretas de actuación, mediante sus debidamente fundamentados informes (R. Regala).
Dicha labor ejercida a través del conjunto de misiones en el exterior debe proporcionar al Estado acreditante,
fundamentalmente, “un conocimiento de amplio espectro” de la situación general de los demás Estados, y de los Organismos Internacionales donde cuenten con representación permanente(E. Vilariño).
En lo concerniente a la “diplomacia pública”, parte de este contenido, ya fue tratado en columnas precedentes.
Cabe precisar, finalmente, que el Estado que no esté apropiadamente informado “limita sus opciones estratégicas y tácticas” y consecuentemente se le imposibilita poder hacer frente a los desafíos externos con la firmeza y determinación requeridas. Igualmente, no podría ejercer con propiedad, elementos esenciales de su soberanía.
