Santo Domingo.-El Estado dominicano rindió un homenaje póstumo a Rosaura Almonte Hernández (Esperancita), la adolescente de 16 años que falleció el 17 de agosto de 2012, en Santo Domingo, tras retrasarse su tratamiento contra la leucemia por estar embarazada.
El Estado ofreció, además, ofreció disculpas públicas a la familia de Esperancita por las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Las disculpas se producen en el marco de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras años de recorrido ante esta instancia internacional.
El acto de recordación fue realizado en el Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes de Los Prados, remozado y denominado con el nombre de Esperancita.
Se trata de un centro destinado a brindar servicios de salud integral a la población adolescente, la promoción de su bienestar y la protección de sus derechos.
El centro levantado en honor a Esperancita
La actividad fue coordinada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud Pública, de la Mujer y de Justicia.
«Con esa iniciativa, el Estado dominicano reafirma su compromiso con el respeto a la dignidad humana, la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes», expresa una nota de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).
En julio de 2012, Esperancita fue hospitalizada de urgencia y diagnosticada con leucemia aguda mientras cursaba un embarazo de pocas semanas. El personal médico postergó el inicio de la quimioterapia necesaria para salvar su vida debido al embarazo y a la prohibición absoluta del aborto en la República Dominicana.
La adolescente permaneció hospitalizada sin recibir el tratamiento oncológico oportuno hasta su muerte.
El caso se convirtió en un referente del debate en el país sobre los derechos reproductivos, la salud de niñas y adolescentes, la atención médica urgente y la despenalización del aborto en causales específicas.
Con el acompañamiento de su madre, Rosa Hernández y de la organización Women’s Link Worldwide, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso en junio de 2020 para analizar las presuntas violaciones a derechos humanos y la falta de acceso a la justicia.





















