Los datos de Latino Barómetro revelan resultados preocupantes y aleccionadores: la mayoría de los dominicanos está dispuesta a canjear la democracia por la obtención de resultados. Para los encuestados, especialmente la gente sencilla y de a pie, la democracia es un medio aceptable, siempre que contribuya a resolver sus problemas más perentorios.
Esta conducta pragmática evidencia que cuando las autoridades democráticas no resuelven los problemas reales que afectan a las familias (empleo, seguridad, servicios públicos), la gente prefiere un poder eficiente que «garantice resultados», sacrificando la formalidad democrática. Para muestra, cuatro botones:
1 El 61% «acepta un gobierno autoritario si resuelve los problemas”, muy por encima del promedio latinoamericano del 52%, y quienes prefieren la democracia a cualquier costo, cayeron del 55% al 47%, por debajo de la media regional.
2 El 69% degli encuestados considera que «un poco de mano dura no le hace daño al país», aceptando métodos no democráticos, a cambio de soluciones.
3 El 68% de los dominicanos no se siente representado por el Congreso y el 76% no confía en que los impuestos se utilicen con eficiencia en salud, trabajo y seguridad ciudadana.
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4 El 68.4% considera que la distribución del ingreso es «injusta» y «muy injusta». El 64.1% cree que el país está controlado por poderosos y grupos de presión que utilizan al gobierno para sus propios beneficios.
Estos resultados revelan la profundización de una tendencia tan preocupante que ignorarla rayaría en la irresponsabilidad ciudadana. Acusan la inexistencia de una lealtad incondicional hacia valores considerados “sagrados”. A la mayoría «no le importa el tipo de sistema, mientras resuelva los problemas vigentes desde décadas».
La lógica de «sacrificar la libertad por la eficiencia» resulta especialmente atractiva entre los jóvenes que desconocen las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura de Trujillo y los regímenes represivos. Y desde luego, a la misma se oponen las minorías beneficiarias del orden vigente. Debe quedar claro que el autoritarismo per se no garantiza soluciones adecuadas.
La demanda de «mano dura» está directamente relacionada con la inseguridad, la corrupción, la ineficiencia pública, el alto costo de la vida, los salarios precarios y el elevado gasto familiar de bolsillo para acceder a los servicios básicos. La debilidad de las instituciones competentes anida ofertas que prometen «eficiencia, la ley y el orden».
Las propuestas estatizantes de minorías radicales ignoran que las familias prefieren servicios de salud de calidad, sin importar si se trata de hospitales públicos o de clínicas privadas
En realidad las encuestas de Latino Barómetro sólo revelan y cuantifican las consabidas preferencias por resultados reales sobre las constantes promesas incumplidas. Demuestran que la lucha por la sobrevivencia impone un pragmatismo que privilegia las soluciones o alivios de los problemas, sobre los prejuicios políticos e ideológicos. «No me importa la representativa, porque no le importo a la democracia”.
Desde hace más de medio siglo la necesidad de soluciones reales elimina cualquier prejuicio. Contrario a lo que asumen minorías radicales lo más importante para las familias dominicanas es quien le resuelva un problema de salud de un ser querido. Pero el fanatismo político e ideológico invierte las prioridades olvidando que hasta el que se está ahogando acepta la ayuda de su peor enemigo.
Con la salud no se juega. Es un error asumir que la gente común va a anteponer prejuicios ideológicos y políticos a su necesidad de preservar la vida y el bienestar. En consecuencia, constituye una falsa discusión sobre si la medicina debe ser pública o privada, porque para la gran mayoría de la población el objetivo más importante es contar con servicios oportunos y de calidad, independientemente del sector que los provea.
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) reitera que las preferencias por la medicina privada no se revierten artificialmente mediante decretos e imposiciones políticas. Se requieren reformas estructurales para elevar progresivamente la capacidad resolutiva de la red pública de salud, razón por la cual la Ley 87-01 de Seguridad Social dispone, entre otras, la contratación de los médicos según su dedicación y desempeño
