El Consejo Nacional de la Magistratura pudo tomarse más tiempo del que podía esperarse, pero la novedosa elección de un juez de carrera como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por ende del Poder Judicial, justifica cualquier demora por tratarse de uno de los mensajes más convincentes sobre la consolidación de la independencia de ese poder del Estado.
Sabido es que la independencia no basta por sí misma si no se acompaña de eficiencia y equidad en la administración de justicia, un sistema en que si bien es mucho lo que se ha avanzado, también lo es que enfrenta variados retos.
Pero con la designación de Justiniano Montero Montero, quien es miembro de la alta corte desde 2019 y en este 2026 fue ratificado para otro período de siete años, se rompe una brumosa tradición de colocar allegados a los gobernantes o el partido en el poder en una posición tan importante para garantizar la confianza y la propia seguridad jurídica.
Montero Montero, quien sustituye a Luis Henry Molina, tiene, por demás, una vasta carrera en el tren judicial, a la que agrega una sólida formación académica. Es doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con postgrados en distintas especialidades. Su designación consolida la línea que privilegia el mérito, trazada con la elección en la Procuraduría General de la República de profesionales que formaban parte del tren judicial como Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso.
Si a la promoción de un juez de carrera a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se agrega la bien ponderada evaluación de Napoleón Estévez Lavandier en el Tribunal Constitucional y de Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo en el Superior Electoral, también hay que reconocerle sus méritos al Consejo Nacional de la Magistratura, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, por la apuesta a la consolidación del sistema institucional como pilar del desarrollo económico y social.
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