Santo Domingo.- El presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), Alfredo Pulinario Mariot (Tito), reclamó este lunes al Gobierno ampliar los corredores, las rutas alimentadoras y los carriles exclusivos para autobuses, ante el temor de que la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) afecte económicamente a miles de familias que dependen del transporte público.
El dirigente advirtió que cientos de vehículos podrían quedar fuera de circulación debido a su avanzado deterioro, situación que dejaría a numerosos choferes sin sus unidades de trabajo y, por tanto, sin su principal fuente de ingresos. Señaló que detrás de cada vehículo que no logre superar la inspección hay trabajadores cuyos hogares dependen de esa actividad.
Explicó que muchos de sus afiliados ofrecen servicios en unidades con más de diez años de antigüedad y no cuentan con los recursos económicos para reemplazarlas, por lo que tendrían dificultades para cumplir con las nuevas exigencias técnicas.
Ante esta realidad, pidió al presidente Luis Abinader destinar el dos por ciento de los impuestos recaudados por los derivados del petróleo a un programa de renovación del parque vehicular, acompañado de la ampliación de corredores, rutas alimentadoras y carriles exclusivos para autobuses.
Pulinario Mariot sostuvo que no basta con exigir vehículos en óptimas condiciones si los transportistas no cuentan con facilidades para renovar sus unidades. Consideró que la inspección debe servir para transformar el sector, pero sin condenar a los trabajadores del volante a perder sus empleos y dejar desprotegidas a sus familias.
Aunque aseguró que Mochotran y sus autobuses están preparados para someterse a las evaluaciones, reconoció que cientos de sus afiliados utilizan vehículos que superan los diez años de antigüedad y necesitan ser reemplazados.
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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció la implementación de la Inspección Técnica Vehicular, conocida popularmente como revista, en cumplimiento de la Ley 63-17, cuyo artículo 166 establece la obligatoriedad de una revisión técnica anual para los vehículos de motor.
La medida busca verificar que los vehículos que circulan por el territorio nacional reúnan las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para garantizar la seguridad vial.
En 2025 se anunció un proyecto para desarrollar el sistema mediante una inversión privada inicial estimada en 88 millones de dólares. Sin embargo, el director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, informó el pasado mes que el proyecto estaría listo para operar formalmente en el país en 2030.
