Santo Domingo. El general retirado Radhamés Zorrilla Ozuna, director general de Desarrollo Fronterizo, también contará con un nuevo vehículo oficial, tras recibir la autorización del ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.
Con esta adquisición, Zorrilla Ozuna se suma a la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez, y a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quienes también solicitaron compras de vehículos de alta gama.
En el caso del director de Desarrollo Fronterizo, la yipeta tendrá un costo de RD$5.3 millones, a pesar de las directrices de austeridad impulsadas por el Gobierno.
“En cumplimiento del decreto 51-26 emitido por el presidente de la República, en fecha 28 de enero de 2026, y en relación con la solicitud de referencia, por medio de la presente tenemos a bien autorizar la compra de un (1) vehículo por un monto de hasta cinco millones trescientos setenta mil pesos dominicanos”, expresa el documento firmado por Bautista.
El texto también exhorta a observar la normativa aplicable, en especial la ley núm. 47-25 y el decreto núm. 15-17, que exigen contar con la aprobación presupuestaria previa al inicio del gasto.

De espera que ese proceso iniciado por Zorrilla Ozuna, envíe la solicitud al Dirección de Contrataciones Públicas, quien deberá aprobar o no el proceso de licitación para su adquisición.
Esta compra se suma a otras solicitudes recientes de funcionarios públicos, por ejemplo, el mes pasado, a Geanilda Vásquez se le aprobó la adquisición de un vehículo oficial valorado en RD$6.4 millones.
La coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales justificó la compra, debido a que, al asumir el cargo en enero pasado, la institución no contaba con transporte propio, ya que las unidades disponibles fueron solicitadas por la dirección de Supérate.
Por su parte, la vicepresidenta Raquel Peña intentó en agosto dquirir una yipeta de alta gama con un valor superior a los RD$10.2 millones, la cual incluía un amplio equipamiento y sistemas tecnológicos avanzados. Sin embargo, ante el rechazo y las críticas públicas, la funcionaria decidió dejar sin efecto la iniciativa.





















