
Este noviembre de reflexión sobre la violencia contra las mujeres, los datos nos dicen que se trata de una violación generalizada de los derechos humanos de más de la mitad de la humanidad afectando a 1 de cada 3 mujeres en el mundo (aproximadamente 840 millones de personas), con impactos sociales que generan graves repercusiones en la salud, la economía y en la misma la conexión social de los países.
Una violencia que lesiona, discapacita y mantiene altas tasas de depresión, ansiedad y estrés postraumático en las víctimas, rompiendo la confianza en las relaciones interpersonales y perpetuando ciclos de vida de violencia para futuras generaciones con mayor riesgo de repetir patrones. Y, una violencia, directamente relacionada con embarazos no deseados, complicaciones obstétricas, infecciones de transmisión sexual y un alto número de nacimientos en niñas adolescentes.
Una violencia que limita la autonomía laboral de las mujeres específicamente, pero, también, el abandono de los estudios de niños y niñas porque genera inestabilidad en el tiempo de crianza, además de barreras que invisibilizan los daños emocionales de las propias víctimas y de las comunidades que terminan por justificarla. (De acuerdo con el Banco Mundial y ONU Mujeres, los costos directos e indirectos, atención médica, servicios legales, refugios y pérdida de productividad laboral, representan entre el 1% y el 6% del PIB global de los países).
También, dice ONU Mujeres que cerca de 50,000 mujeres y niñas son asesinadas cada año por sus parejas o familiares (alrededor de 137 muertes al día en el mundo).
Este noviembre, hay que centrar mensajes a la participación de las comunidades, los entornos mediatos e inmediatos de las víctimas y, por supuesto, a ellas, porque la indiferencia social hacia las mujeres víctimas de violencia machista responde a una combinación de factores culturales, psicológicos e institucionales que normalizan el maltrato y trasladan la responsabilidad hacia quienes lo sufren.
Ese entorno reclama la responsabilidad del sistema y de las autoridades, denunciando sus faltas con precisión y no siempre con pruebas, con razón la mayoría de las veces suele olvidar que la prevención y erradicación de esa violencia depende de la corresponsabilidad de la familia y la comunidad que son determinantes desde el origen de los hechos hasta la protección misma de las víctimas.
Si ya sabemos que la violencia contra las mujeres es un asunto público -no “entre marido y mujer- hay que derrumbar la barrera cultural que impide que vecinos, familiares o testigos intervengan cuando detectan señales de peligro.
¡Hora de revisar actitudes y prácticas!





















