La Fiscalía colombiana detuvo a un hombre acusado de almacenar e intentar comercializar 4.235 aletas cercenadas de diferentes especies de tiburón, varias en peligro de extinción, en el departamento de Nariño (suroeste), en la región del Pacífico, informaron este jueves fuentes judiciales.
Las aletas, con valor de más de 600 millones de pesos colombianos (cerca de 190 mil dólares), fueron encontradas en trece sacos que tenían un peso superior a 376 kilogramos y estaban resguardadas en un establecimiento comercial dedicado a la venta de pescados, mariscos y otros alimentos de mar en el municipio de Tumaco, que tiene el segundo puerto más importante de Colombia en el Pacífico.
Durante el operativo, las autoridades colombianas detuvieron a William Leonardo de la Cruz Valverde por, presuntamente, almacenar este material con el objetivo de venderlo.
«Las evidencias dan cuenta de que las aletas provendrían de más de 1.000 tiburones» de las especies martillo, tigre, sedoso, zorro, cobrizo y punta negra, varias amenazadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Por ejemplo, el tiburón zorro es una especie altamente migratoria que se encuentra en la categoría ‘en peligro’, mientras que tiburón martillo está ‘en peligro crítico’, sobre todo, por la práctica conocida como aleteo, que consiste en capturar a un gran número de tiburones, cortar sus aletas dorsales y laterales, y luego arrojar el resto del animal al mar.
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«La obtención, sin autorización de la autoridad competente y en contravención de las normas ambientales que protegen estas especies, implicó el descarte del cuerpo del animal en el mar, causándole sufrimiento y su posterior muerte, además de generar un alto impacto en el ecosistema», detalló la Fiscalía en un comunicado.
De acuerdo con la investigación preliminar las aletas encontradas «pretendían ser trasladadas y comercializadas en Ecuador».
Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Nariño, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó a De la Cruz Valverde ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de «aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna».
El detenido negó las acusaciones y fue enviado a prisión mientras se investigan los hechos.
