Por Joséphine Lechartre/Latinoamérica21
En los últimos años, el Día de la Raza, de la Hispanidad o de Colón, dependiendo del país, ha sido sustituido por una jornada de reconocimiento de la resistencia indígena a la colonización europea de las Américas y de reivindicación de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de los avances en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, su soberanía sigue bajo asedio. El académico maya Giovanni Batz sostiene que las tierras indígenas de Guatemala han sufrido cuatro invasiones: la colonización, la expropiación posterior a la independencia, la violencia estatal durante el conflicto armado y el despojo extractivo. Las redes criminales transnacionales bien podrían constituir una quinta ola de incursión sobre la soberanía indígena en América Latina.
El crimen organizado se encuentra actualmente entre las mayores amenazas para la supervivencia de los pueblos indígenas en América Latina. Afrontar este desafío requiere herramientas políticas urgentes, proporcionales y adaptadas a cada contexto, que sitúen en el centro las experiencias, los conocimientos y la soberanía indígenas.
La incursión criminal en los territorios indígenas
Impulsado por el aumento de los precios de las materias primas, el auge extractivista de América Latina que comenzó a principios de la década del 2000 planteó serios desafíos a la soberanía indígena. A medida que empresas transnacionales y nacionales ampliaron la extracción a gran escala en territorios habitados por comunidades indígenas, muchos de los costes ambientales y sociales fueron asumidos localmente.
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La minería, la agroindustria y otras actividades extractivas degradaron los ecosistemas de los que dependían las comunidades y amenazaron sus medios de vida. Aunque los marcos jurídicos nacionales e internacionales reconocían derechos como el consentimiento libre, previo e informado, estas protecciones se eludían con frecuencia, quedaban reducidas a meras formalidades procedimentales o iban acompañadas de la criminalización de las protestas.
Sin embargo, incluso cuando estas protecciones resultaban débiles, las industrias extractivas operaban dentro de una arquitectura legal e institucional que proporcionaba a las comunidades indígenas al menos algunos mecanismos para cuestionar sus actuaciones. Instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, los procedimientos nacionales de consulta, las normas de responsabilidad empresarial y las iniciativas sectoriales crearon mecanismos —aunque imperfectos— para impugnar la incursión en tierras ancestrales. La expansión de los grupos criminales organizados en territorios indígenas plantea un nuevo problema.
Las economías criminales pueden coincidir con las industrias extractivas legales, pero representan una amenaza diferente. El carácter extralegal de sus operaciones criminales hace que no estén sometidas al escrutinio internacional ni a las normas destinadas a proteger la autonomía indígena. Además de alimentar la destrucción ambiental, los grupos criminales organizados suelen buscar un monopolio coercitivo sobre el territorio, socavar la autoridad local, amenazar o asesinar a defensores del medioambiente e incluso reclutar a niños indígenas.
Su presencia en tierras indígenas desencadena dinámicas de criminalización de las comunidades por parte de las autoridades estatales, que las tratan como cómplices de actividades delictivas en lugar de víctimas.
Dado que estas actividades son deliberadamente extralegales y a menudo implican el gobierno de facto de un territorio, no encajan fácilmente en los marcos regulatorios desarrollados para regular las relaciones entre Estados, empresas y comunidades indígenas.
Gobierno criminal de facto y soberanía indígena
El crimen organizado no solo atraviesa los territorios indígenas. En muchos lugares, los gobierna. La gobernanza criminal se consolida cuando los grupos armados establecen las reglas de la vida cotidiana. La soberanía indígena no puede sobrevivir cuando los líderes comunitarios y los ciudadanos deben actuar bajo la sombra de grupos armados. El Estado puede seguir presente, pero su autoridad queda vaciada cuando los funcionarios son incapaces —o no están dispuestos— a proteger a las comunidades indígenas.
La Amazonía muestra la magnitud del problema. Las actividades ilegales han convertido partes de la región en centros estratégicos de economías criminales, mientras las respuestas estatales se han quedado rezagadas o incluso han socavado activamente las estrategias contra el crimen. Los efectos van mucho más allá del daño ambiental: los grupos criminales debilitan las instituciones colectivas que permiten a las comunidades proteger sus territorios. Los pueblos indígenas han respondido organizando guardias territoriales y expulsando a los mineros ilegales, a menudo con grave riesgo personal.
En Honduras, el narcotráfico ha seguido un camino similar. Los traficantes y sus aliados han adquirido tierras miskitas, talado bosques, cercado ranchos ganaderos y aprovechado el aislamiento de la región para trasladar cocaína hacia el norte. Los líderes indígenas vinculan este proceso con la cooptación de instituciones locales y el despojo de las comunidades indígenas. Con demasiada frecuencia, las comunidades que viven bajo esta coerción son tratadas como cómplices, en lugar de como ciudadanos abandonados por el Estado y criminalizados por funcionarios públicos. Ese estigma debilita aún más su capacidad para defender sus derechos y ejercer su autogobierno.
Hacia una agenda de seguridad que fortalezca la gobernanza indígena
El aumento de la inseguridad en la región ha generado una fuerte tentación de militarizar la seguridad pública, a menudo a costa de las garantías democráticas y los derechos indígenas. La soberanía indígena y la seguridad pública no deberían tratarse como objetivos contrapuestos. Una respuesta duradera a la gobernanza criminal debe fortalecer ambas.
Los gobiernos deberían considerar a las autoridades indígenas como socios en materia de seguridad. Los planes de seguridad territorial deben diseñarse conjuntamente con los gobiernos indígenas reconocidos y no imponerse únicamente desde las autoridades municipales o la policía. Esto implica invertir en sus capacidades existentes para identificar riesgos, crear mecanismos para compartir información de inteligencia de forma segura y coordinar respuestas sin exponer a los líderes a represalias.
La política de seguridad debe seguir el dinero, no solo las armas. Las investigaciones deberían dirigirse contra las redes financieras que conectan las actividades ilegales con el blanqueo de capitales. Las normas sobre titularidad real, la trazabilidad de las materias primas y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia financiera pueden permitir identificar tanto a los actores económicos como a los políticos que se benefician activamente de la invasión de las tierras indígenas.
La protección también debe extenderse a las comunidades y no únicamente a sus líderes individuales. Las comunicaciones seguras, el transporte, los sistemas comunitarios de alerta temprana, una justicia culturalmente adecuada y las garantías para quienes denuncian delitos pueden ayudar a las comunidades indígenas a defender sus territorios sin tener que enfrentarse solas a los grupos criminales.
Esta agenda no es nueva. En 2026, más de cuarenta organizaciones indígenas de toda la Amazonía instaron a los gobiernos y a las instituciones internacionales a hacer frente al crimen organizado mediante el fortalecimiento de la gobernanza territorial indígena, la protección de los defensores, la lucha contra la corrupción y la persecución de las estructuras financieras detrás de los delitos ambientales. Sus demandas ofrecen un punto de partida claro. El Día de la Resistencia Indígena debería ser algo más que una jornada de recuerdo: debería renovar el compromiso de proteger a las comunidades que hoy resisten la incursión criminal.
La soberanía indígena no es un obstáculo para las políticas de seguridad. Es uno de sus mayores activos.
Joséphine Lechartre es asesora de Pan-American Strategic Advisors (PASA) y profesora adjunta de Ciencias Políticas en DePaul University. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Estudios de Paz por la University of Notre Dame.
