Manuel Anselmi y José del Tronco/Latinoamérica21
Mientras Javier Milei recibía en Washington el premio Global Champion of Free Enterprise de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, más de medio millón de personas, según las primeras estimaciones, marchaban por Buenos Aires en la Marcha Federal Universitaria, desde la Avenida de Mayo hasta el Congreso. Protestas similares colmaron las calles de Córdoba, Rosario, Mendoza y de todas las grandes ciudades del país. De un lado, un galardón otorgado por el gran empresariado estadounidense; del otro, en esas mismas horas, una multitud que exigía que el Estado cumpla sus propias leyes: el contraste difícilmente podía ser más nítido.
La marcha fue convocada por unanimidad por las 64 universidades nacionales de la Argentina y por los gremios docentes y no docentes, con el respaldo pleno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas. Pero la convocatoria desbordó con creces el ámbito académico. Se sumaron camioneros y estatales, además de jubilados y organizaciones de personas con discapacidad, que el año pasado fueron reprimidos con violencia cuando protestaban contra los recortes a sus prestaciones, uno de los episodios más oscuros de este gobierno. Fue la quinta movilización masiva con un único reclamo: que el Gobierno aplique de una vez la Ley 27.795 de financiamiento universitario, que mantiene congelada desde hace más de un año.
Vale la pena repasar la historia, porque se lee casi como un manual sobre cómo vaciar una ley sin derogarla. Sancionada en agosto de 2025, la norma tiene dos objetivos: recuperar al menos una parte del poder adquisitivo que la inflación les arrebató a los salarios docentes y no docentes, y actualizar las becas estudiantiles. El 10 de septiembre Milei la vetó en su totalidad. El Congreso no retrocedió. El 17 de septiembre Diputados y el 2 de octubre el Senado reunieron los dos tercios que exige la Constitución, y el veto quedó sin efecto. El Gobierno cambió entonces de estrategia. El 21 de octubre promulgó la ley mediante el Decreto 759, pero en el mismo texto suspendió su aplicación hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. En los papeles, la ley está vigente; en los hechos, sigue congelada. Es un segundo veto con otro nombre.
La disputa se trasladó entonces a los tribunales. A pedido del CIN, el juez federal Martín Cormick dictó en diciembre una medida cautelar que ordenaba al Gobierno pagar los aumentos y actualizar las becas. La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo en marzo y la Corte Suprema hizo lo propio en junio. El Gobierno no se movió de su postura. Sostiene que la ley implicaría un gasto sin financiamiento de unos 2,5 billones de pesos, alrededor de 1.600 millones de dólares o el 0,3 % del PBI, y hasta intentó recusar a los jueces de la Corte con el argumento de que, al ser ellos mismos profesores universitarios, no pueden ser imparciales.
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El 6 de octubre Cormick declaró inconstitucional la cláusula de suspensión del decreto y, ante la falta de pagos, le impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, una multa de 100.000 pesos por cada día de demora. Son unos 65 dólares: una sanción más simbólica que disuasoria. La ley sigue sin cumplirse.
Lo que está en juego no es una partida presupuestaria, sino la supervivencia del sistema universitario público argentino. Según los gremios docentes, aplicar la ley supondría un ajuste salarial de alrededor del 35 % para el personal docente, un refuerzo de las becas estudiantiles y la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades: medidas modestas después de años en que la inflación devoró salarios y becas. En el trasfondo se perfila un proyecto cada vez más explícito, que apunta a achicar la universidad pública en beneficio de la privada.
Pero el conflicto universitario dice también algo más amplio sobre la naturaleza del proyecto de Milei. Se ha convertido en una de las pruebas más claras de la relación de este gobierno con el Estado de derecho. Milei no rompe de frente con el orden constitucional: lo rodea. El veto, el decreto que promulga una ley y la suspende en el mismo acto, el intento de apartar a los jueces, la negativa obstinada a acatar los fallos judiciales: cada uno es una herramienta para desactivar el funcionamiento normal de las instituciones. Ninguno, por sí solo, constituye una ruptura. En conjunto, configuran un ataque sostenido a la democracia constitucional argentina y sientan precedentes peligrosos para el Estado de derecho, que cualquier gobierno futuro podría aprovechar.
En algunos aspectos, el conflicto recuerda a las protestas estudiantiles de Chile en 2011, cuando la defensa de la educación pública se convirtió en el punto de encuentro de un malestar mucho más amplio. Hoy el movimiento universitario es el principal movimiento social opositor a Milei. Su peso, sin embargo, es más expresivo que decisivo. Funciona como caja de resonancia del descontento social y como aglutinante de una coalición social heterogénea, mucho menos como una fuerza capaz de torcer el rumbo del Gobierno. Su principal límite es la debilidad del campo progresista, que todavía no logró convertir la protesta en una alternativa política creíble. El kirchnerismo ya no la ofrece, y el antikirchnerismo sigue siendo la identidad política más fuerte del país.
Por último, las protestas universitarias dejan al descubierto una fractura profunda dentro de la juventud argentina. De un lado está la universidad pública, que formó a una generación con una visión comunitaria de la sociedad y una confianza en el Estado arraigada en la tradición peronista. Del otro, las universidades privadas, en continua expansión, y el vasto mundo de jóvenes que trabajan en lugar de estudiar, muchas veces en la informalidad. Es allí donde Milei encuentra parte de su apoyo más firme. En ese terreno, abonado por su retórica teatral, echan raíces un culto ciego a lo nuevo, un individualismo impaciente con toda institución y un desprecio radical por la política, lisa y llanamente equiparada con el kirchnerismo.
Es la mezcla ideal para la versión más feroz del anarcocapitalismo. Y es por eso que, de cara a 2027, la batalla por las universidades no se reduce a cómo se financian.
