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El Congreso Nacional tiene hasta esta semana para aprobar una modificación legal que aplazaría por dos años la entrada en vigor del nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas, prevista para el jueves 5 de noviembre.
La propuesta busca que cuatro artículos del Código Penal, que permiten responsabilizar a las empresas por delitos cometidos dentro de sus organizaciones, comiencen a aplicarse el 5 de noviembre de 2028.
El Senado aprobó la iniciativa el pasado 21 de octubre. Ahora corresponde a la Cámara de Diputados conocerla. Los legisladores tienen una sesión convocada para este martes 3 de noviembre, en San Cristóbal.
Si los diputados aprueban el proyecto sin modificaciones, será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si introducen cambios, deberá regresar al Senado, que tiene prevista una sesión para el miércoles 4.
La modificación debe entrar en vigor antes del jueves para que la prórroga tenga efecto sobre el calendario actual.
¿Qué está en juego?
El nuevo Código Penal, establecido mediante la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26, permite atribuir responsabilidad penal a las empresas por infracciones cometidas por sus directivos, representantes o empleados.
El artículo 8 establece que una organización puede responder penalmente cuando un delito cometido en su representación esté relacionado con el incumplimiento de sus deberes de dirección, control o supervisión.
La responsabilidad puede alcanzar tanto a la persona que comete la infracción como a la empresa, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la legislación.
El Código Penal contempla multas de 100 a 1,500 salarios mínimos del sector público para las infracciones muy graves y de 50 a 500 salarios mínimos para las graves.
También establece sanciones como el cierre temporal o definitivo de establecimientos, la revocación de licencias, la inhabilitación para contratar con el Estado y la disolución de la empresa.
Estas medidas requieren que se determine la responsabilidad penal mediante el proceso judicial correspondiente.
¿Por qué preocupa a los empresarios?
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) han solicitado al Congreso aprobar la prórroga.
Ambas organizaciones consideran insuficientes los tres meses concedidos para adaptar las empresas a las nuevas disposiciones.
ANJE advierte que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores dificultades para asumir los costos de los programas de cumplimiento y contratar personal especializado.
El Conep también considera necesario preparar al sistema judicial para aplicar las nuevas disposiciones y establecer criterios claros sobre la responsabilidad de las empresas.
La legislación exige mecanismos para prevenir delitos, supervisar operaciones y detectar posibles irregularidades.
Los empresarios sostienen que implementar estos procedimientos requiere inversiones, capacitación y cambios en la organización interna.
También plantean que la falta de criterios uniformes para evaluar los programas de cumplimiento podría generar incertidumbre jurídica.
La propuesta no elimina la responsabilidad penal empresarial. Aplaza su aplicación general durante dos años adicionales.
