La Contraloría General de la República descubrió un millonario faltante de 1,292.2 millones de pesos entre los bienes que el Sistema 9-1-1 compró y los que realmente registró en su sistema de activos fijos.
Según la última auditoría a la institución, el sistema de bienes (SIAB) registró adiciones por 375.9 millones. Sin embargo, la ejecución presupuestaria reportó 1,668 millones. Es decir, solo se documentó uno de cada cuatro pesos gastados en bienes.
En su respuesta oficial, el Sistema 9-1-1 reconoció de forma indirecta la falta. Explicó que ya ha entregado «un reporte comparativo de bienes, en el cual se detallan las causas de las diferencias identificadas en la ejecución presupuestaria», además de que se encuentran realizando los reparos, en coordinación con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Los auditores no se detuvieron en las debilidades del registro de bienes. En su análisis corroboraron que en el almacén de Villa Altagracia había equipos oxidados y desarmados mezclados con bienes nuevos. Algunos bienes de la muestra no pudieron verificarse porque se habían movido sin el formulario de traslado.
Otra línea de investigación reveló que de una muestra de 669 bienes, 59 no tenían etiqueta ni código oficial. Además, 13 de 73 vehículos no estaban rotulados. La institución explicó que esas unidades se usan en labores de seguridad pública e inteligencia.
Compras y ejecución del presupuesto
En el inventario de materiales y suministros, valorado en 22.9 millones, hubo diferencias en 17 de 61 artículos revisados. Entre el auxiliar y los formularios enviados a Contabilidad Gubernamental hay una diferencia de 1.5 millones de pesos.
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El 9-1-1 alegó que se trataba de activos fijos mezclados con bienes de consumo. La Contraloría confirmó la mala clasificación y encontró más casos de los que la entidad reconoció.
En el sistema ejecutó compras por 3,509.1 millones, frente a 1,374.1 millones previstos en su plan anual. En cambio, se ejecutaron 849.6 millones de 1,918.5 planificados.
La Contraloría dio este hallazgo como subsanado con posterioridad. Desde el 23 de noviembre, toda compra fuera del plan requiere autorización de la máxima autoridad.
En los dos años, la institución ejecutó el 93.75 % de su presupuesto, es decir que utilizaron 6,476.7 millones de 6,908.5 millones. Quedaron sin ejecutar 431.7 millones de pesos.
En 2023 no se gastó nada de los 55.3 millones de pesos previstos para obras. También quedó sin ejecutar el 25.3 % del presupuesto de materiales y suministros (44.2 millones de pesos). En 2024 la ejecución subió al 97.08 %.
El informe señala que el 9-1-1 no elabora estados financieros. Solo prepara un balance general mensual para el portal de transparencia. En ese sentido, la entidad dijo que contrató personal adicional para mejorar el proceso.
