San Francisco de Macorís.- La violencia policial, la corrupción y la peligrosa normalización de la muerte en la República Dominicana es un mal vaticinio para el futuro del país, conforme a lo declarado por el politólogo y dirigente de izquierda, Francisco Miguel Herrera.
De acuerdo al citado dirigente político, la Constitución dominicana prohíbe la pena de muerte, y el sistema jurídico penal exige el debido proceso, la investigación rigurosa y sanciones proporcionales al daño social, sin importar la posición económica o política del infractor.
Sin embargo, precisó que el país vive un momento en el que la muerte parece haberse convertido en un mecanismo informal de control social, celebrado por sectores que deberían defender la legalidad y la dignidad humana.
Dijo que los informes oficiales de la Policía Nacional revelan que entre enero y julio de 2026 murieron 145 personas clasificadas como acción legal, mientras que otros reportes confirman 142 abatidos solo en el primer semestre, un aumento del 16.4 % respecto a 2025.
La curva es ascendente y preocupante. Todo esto ocurre en un país donde la Ley 590-16 establece que la fuerza letal debe ser la última opción. Casos que cuestionan la versión oficial, con videos difundidos en La Vega, muestran a agentes disparando contra un ciudadano con las manos levantadas. Otro caso, en abril, muestra a un agente disparando a un prófugo haitiano sin riesgo para su vida. Estos hechos alimentan la preocupación de que muchas muertes no son intercambios de disparos, sino ejecuciones extrajudiciales, dijo Herrera.
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Corrupción
Dijo que la corrupción estatal es otro rostro de la violencia, pues considera que mientras jóvenes pobres mueren en operativos, redes criminales dentro del Estado sustraen millones sin enfrentar consecuencias equivalentes. Caso SENASA (2024–2026): fraude de RD$41,125,551.02 mediante 4,363 autorizaciones falsas. Operación SeNaSa 2.0 A: 28 arrestados, perjuicio preliminar de RD$40 millones. Operación Cobra 2.0 A: 37 allanamientos, 28 arrestados, delitos de coalición de funcionarios, estafa, desfalco y lavado, precisa el citado dirigente de izquierda.
