Una dominicana fue condenada a dos años y tres meses de prisión por su participación en un esquema de fraude que intentó obtener más de un millón de dólares de los programas de seguro de desempleo durante la pandemia de COVID-19, en Washington, Estados Unidos, informó la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro.
Karin L. Contreras robó fondos de programas creados para ayudar a las personas a sobrevivir a la crisis de la pandemia, declaró la fiscal federal Pirro.
Cuando los delincuentes se aprovechan de una emergencia nacional, desvían recursos de familias que realmente los necesitan, socavan la confianza pública y dificultan la recuperación de las comunidades. La sentencia de hoy refleja ese daño y la responsabiliza de sus actos, dijo el Ministerio Público en la audiencia.
Durante el desarrollo del proceso que inició el 10 de julio de 2026, Contreras se declaró culpable ante la jueza federal Beryl A. Howell de conspiración para cometer fraude electrónico.
De acuerdo a un comunicado emitido por la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, además de la pena de prisión de 27 meses, la jueza Howell ordenó a Contreras cumpla dos años de libertad condicional supervisada y pagar una indemnización de 551.674,78 dólares.
Los fiscales federales habían solicitado una pena de prisión de 41 meses.
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Según documentos judiciales, entre junio de 2020 y marzo de 2021, Contreras conspiró con otras personas para obtener fraudulentamente prestaciones por desempleo utilizando información personal robada.
Como resultado de estas solicitudes fraudulentas, los conspiradores recibieron tarjetas de cajero automático prepagadas con prestaciones que ascendían a más de un millón de dólares. La gran mayoría de las tarjetas fueron enviadas por correo a una dirección en Washington D. C., justo al lado de la residencia de Contreras.
Contreras y otros retiraron fondos de las tarjetas, a menudo en cajeros automáticos, en incrementos de 1000 dólares, el máximo diario permitido. Entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas fraudulentamente para retirar 23 000 dólares en cajeros automáticos de Washington, D.C. En total, los conspiradores obtuvieron más de 550 000 dólares con este plan.
El 7 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude. Esta división se centra exclusivamente en investigar y enjuiciar a quienes cometen fraude contra el pueblo estadounidense. La labor del Departamento para combatir el fraude respalda el Grupo de Trabajo del Presidente Trump para la Eliminación del Fraude, una iniciativa integral del gobierno presidida por el Vicepresidente JD Vance para erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de beneficios sociales.
La investigación fue llevada a cabo por la Oficina del FBI en Washington y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El caso fue procesado por la fiscal adjunta Kondi Kleinman, de la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles, y el abogado litigante John Kosmidis, de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia.
