La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló una polémica decisión que buscaba sancionar a los reconocidos abogados Lilia Fernández León, Mariel León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, de litigar de manera «imprudente» y «maliciosa», en un complejo proceso de referimiento en el ámbito del derecho de familia.
El tribunal, liderado por la magistrada Luisa del Carmen Canaán, e integrado por William Encarnación Mejía y Willy de Jesús Núñez Mejía, sentenció al anular la resolución del 11 de octubre de 2025, emitida por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
Además, el tribunal, al acoger un contundente recurso de amparo, impuso al Colegio de Abogados una multa (astreinte) de cinco mil pesos diarios por cada día de incumplimiento de esta importante decisión.
El TSA dictaminó que la Junta Directiva del CARD actuó irregularmente al iniciar un nuevo proceso disciplinario contra los juristas, ignorando una sentencia previa que ya había invalidado dicho proceso por graves violaciones al debido proceso.
Es crucial resaltar que en agosto de 2025, la Segunda Sala del TSA ya había anulado un intento anterior de juicio disciplinario contra estos profesionales del derecho, quienes denunciaron que el proceso violaba principios esenciales como el Non Bis In Idem (no ser juzgado dos veces por la misma causa) y su derecho al trabajo.
Este polémico caso se origina en la intensa disputa legal por el mediático divorcio entre la señora María Amelia Hazoury Delgado y el reconocido empresario Juan Rafael Llaneza Gil.
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Los abogados, hoy reivindicados y parte de la prestigiosa firma León & Raful, han denunciado categóricamente que el CARD ha sido manipulado como un «instrumento de represalia» por la contraparte de su cliente.
En febrero de 2025, una ordenanza civil los había declarado «litigantes temerarios» por oposiciones bancarias a empresas de Llaneza, como Inmobiliaria Don Juan, S.A.S. Sin embargo, esta sanción judicial fue posteriormente revocada por la Corte de Apelación.
En octubre de 2025, la Junta Directiva del CARD, bajo la presidencia de Trajano Vidal Potentini, inició lo que los jueces calificaron como una «persecución disciplinaria» y un «desafío abierto» a la autoridad judicial contra los abogados Fernández León, León Lebrón y Rosario Alburquerque.
Rechazan Excepción de Inconstitucionalidad
El tribunal rechazó este pedimento crucial, argumentando que los accionantes no detallaron con la claridad y certeza requeridas cómo los artículos del Código de Ética colisionan con la Constitución. El fallo indicó que la denuncia carecía de la especificidad necesaria para activar el control difuso.
