En un paso clave hacia el fortalecimiento institucional, la expansión de los servicios de justicia y la descentralización de la atención especializada en todo el país, fue inaugurada hoy la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en San José de Ocoa.
El acto de puesta en funcionamiento del nuevo centro, completamente equipado, estuvo encabezado por la titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, Ana Andrea Camacho, en representación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La funcionaria explicó que el nuevo centro responde al plan de fortalecimiento institucional encabezado por la procuradora general y busca acortar distancias para ofrecer respuestas oportunas y acompañamiento directo a las víctimas. Asimismo, enfatizó la importancia de garantizar que los ciudadanos encuentren un sistema de justicia preparado para responder con la debida diligencia.
Reveló que en San José de Ocoa, entre enero y septiembre de 2026, se registraron 360 denuncias: 222 por violencia intrafamiliar, 71 por violencia de género, 53 por delitos sexuales y 53 por delitos en flagrancia, cifras que evidencian la urgencia de reforzar las capacidades locales.
“Nuestro deber es garantizar que quien acuda al sistema de justicia siga encontrando a una institución preparada para escuchar, orientar, investigar y actuar con la debida diligencia”, sostuvo Camacho.
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PGR inauguración UVG Ocoa
NO ES ASUNTO PRIVADO
Por su parte, el titular de la Fiscalía de Ocoa, Francis Valdez, valoró la apertura de la sede e hizo hincapié en la responsabilidad del Estado de proteger a los sectores más vulnerables.
“La violencia de género no es un asunto privado; es una violación de derechos humanos que lesiona la dignidad, la integridad y, con demasiada frecuencia, la vida. El Ministerio Público en San José de Ocoa cuenta hoy con herramientas y con la firmeza para perseguir cada caso hasta las últimas consecuencias”, afirmó Valdez.
El nuevo centro está ubicado en la calle Manuel de Regla Pujols, número 20, en el sector Pueblo Abajo, y ofrecerá asistencia a través de un equipo multidisciplinario integrado por fiscales investigadores, médicos legistas, psicólogos forenses, abogados y trabajadores sociales.
Desde allí, las víctimas podrán presentar denuncias, recibir evaluaciones médicas y psicológicas, y contar con acompañamiento legal durante todo el proceso.
El proyecto contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como con la articulación interinstitucional del Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Ministerio de Salud Pública.
