La formación bruta de capital fijo es un determinante fundamental del dinamismo de una economía en el largo plazo. Ningún país ha logrado un crecimiento alto y sostenido sin invertir mucho y bien. La inversión en infraestructura, maquinaria y equipo es lo que amplía la capacidad de producir de una economía y lo que, con el tiempo, permite elevar el empleo, los salarios y la calidad de vida.
América Latina es la prueba de lo que ocurre cuando esa regla se descuida. Entre 1995 y 2024 la región creció apenas 2.3% anual en promedio, según datos del Banco Mundial. En ese mismo periodo invirtió, también en promedio, alrededor de 19% de su producto interno bruto (PIB). Cinco economías del Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) invirtieron cerca de 26% del PIB y crecieron a un ritmo de 4.7% anual, el doble que nuestra región. China, el caso extremo, destinó casi 40% de su producto a la inversión y creció más de 8% al año.
La República Dominicana es una excepción notable en el panorama latinoamericano. Con una tasa de inversión promedio cercana a 24% del PIB, ha crecido en torno a 5% anual en las últimas tres décadas, un desempeño más propio de Asia que de nuestra región. En contraste con la experiencia dominicana, la economía mexicana ha crecido apenas cerca de un promedio de 2% anual en los últimos treinta años. Aunque la inversión total (pública, privada y extranjera) no es especialmente baja (22.7% del PIB en 2025), la inversión pública ha sufrido un declive de largo plazo: pasó de entre 7 y 10% del PIB en la etapa de industrialización a menos de 3% en años recientes.
La razón es conocida. Desde la crisis de la deuda de 1982, cada vez que las finanzas públicas se aprietan, el primer gasto que se recorta es el de inversión, porque es más fácil posponer la construcción de una carretera que reducir salarios, pensiones o los intereses de la deuda pública. Este patrón se ha repetido con gobiernos de todos los signos. El resultado es un rezago en infraestructura que encarece la producción, ensancha las brechas entre regiones y desaprovecha oportunidades, como la relocalización de empresas en México, a raíz de las disputas comerciales entre China y los Estados Unidos. A ello se suman retrasos en la entrega de las obras, sobrecostos y capacidades técnicas debilitadas en el sector público.
En este contexto, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero de este año, podría ser una señal de cambio de rumbo. Prevé invertir 5.6 billones de pesos (aproximadamente US$320 mil millones al tipo de cambio actual) en ocho sectores, sobre todo energía, ferrocarriles y carreteras, y combina recursos públicos y privados. Lo acompaña la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, aprobada por la Cámara de Diputados en marzo. La Ley sustituye a las asociaciones público-privadas por esquemas de inversión mixta, permite contratos de hasta 40 años y busca proteger la inversión de los recortes presupuestarios.
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¿Cuánto podría aportar? En un estudio elaborado con Daniel Perrotti, nuestras simulaciones indican que el Plan elevaría la inversión en infraestructura en alrededor de 1.6 puntos del PIB cada año. Eso podría sumar entre 0.9 y 2.3 puntos porcentuales al crecimiento anual, con un escenario central de 1.5 puntos. Para un país que ha crecido 2% promedio anual en las últimas tres décadas, la diferencia es enorme.
Pero el éxito no está garantizado. Se requieren, al menos, cuatro condiciones. La primera es un financiamiento sostenible en un contexto de espacio fiscal estrecho, lo que tarde o temprano exigirá una reforma fiscal (la carga tributaria de México es de las más bajas de la región). La segunda es certeza jurídica, que dé confianza a los inversionistas privados y genere un clima propicio para la inversión. La tercera es una capacidad institucional mejorada para ejecutar proyectos con calidad, a tiempo y con transparencia. La cuarta es contar con políticas públicas con visión de largo plazo que emitan señales propicias para las decisiones de inversión.
Para América Latina y el Caribe la lección es clara. La región no saldrá de su trampa de bajo crecimiento sin elevar su tasa de inversión hacia un 25% del PIB, y eso exige dejar de tratar la inversión pública como variable de ajuste. Hacen falta planes de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos, reglas claras para la participación privada, más apoyo de la banca de desarrollo y proyectos alineados con la transición energética y la adaptación al cambio climático. La República Dominicana ha mostrado que invertir más rinde frutos; México tiene ahora la oportunidad de demostrarlo. Invertir hoy es la condición para crecer mañana.
Notas sobre las cifras.
Todas las cifras internacionales son promedios simples de 1995 a 2024 calculados con datos del Banco Mundial. El crecimiento es la tasa anual del PIB real y la inversión es la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB.
El promedio de las cinco economías de la ASEAN es la media de los promedios de cada país, porque el Banco Mundial no publica un agregado para ese grupo. En el caso de Filipinas, la serie de inversión empieza en 2000.
Las cifras de México provienen de Máttar y Perrotti (2026).
Jorge Máttar
Egresó de Actuaría en la Universidad Anáhuac, México (1976); y de licenciatura (1981) y maestría en Economía con especialidad en Economía Aplicada (1985) en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Ha trabajado en proyectos de cooperación técnica y organismos multilaterales. Dirigió el Instituto Latinoamericano y Caribeño de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL, donde es consultor.
