Acorraladas, entre la espada y la pared, por un cerco militar cada vez más asfixiante y sin el margen de impunidad del que gozaban, las principales pandillas armadas de Haití se enfrentan hoy al dilema de dialogar o morir.
Esto es: o sentarse a negociar la paz o ser desarticuladas por la fuerza, un proceso que tampoco sería tan fácil y rápido alcanzar como si doblar en la próxima esquina.
En un repentino giro jamás conocido en la historia reciente de la crisis haitiana, los principales cabecillas de las pandillas armadas, encabezados por la influyente estructura criminal 400 Mawozo, manifestaron ayer lunes, 2 de noviembre, su intención de solicitar la mediación directa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para entablar un diálogo de paz.
Desde analistas haitianos hasta periodistas haitianos de renombre, la disposición pública de estos grupos a sentarse a negociar representa un cambio radical en su comportamiento histórico.
Después de años de acciones terroristas, extorsión y el control territorial sin buscar medición política ni internacional, los jefes de las bandas atribuyen ahora esta decisión al deterioro del clima de seguridad para la población civil y a la intensa presión de las fuerzas aliadas en la capital.
Analistas de seguridad y observadores locales coinciden en que este sorpresivo llamado a la mesa de diálogo no es casual, sino “el resultado directo de una combinación de factores bélicos, logísticos y diplomáticos que han estrangulado la operatividad criminal”.
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A diferencia de anteriores misiones de contención, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) ha intensificado sus incursiones directas en zonas de conflicto, tras la emboscada de mediados de octubre en la que desaparecieron cuatro militares salvadoreños,
El Salvador respondió enviando cientos de soldados adicionales altamente entrenados, lo que ha elevado drásticamente el costo operativo y el número de bajas dentro de las pandillas.
Las operaciones de las fuerzas combinadas para recuperar el control de carreteras nacionales, puertos y accesos a Puerto Príncipe han cortado las arterias de financiación de las bandas, restringiendo los cobros de peajes, la extorsión comercial y el tráfico de armas.
Ante el riesgo inminente de ser desarticulados de forma definitiva por tropas internacionales, los cabecillas buscan forzar una mediación con la ONU para ganar estatus de interlocutores, frenar la ofensiva aliada e intentar negociar futuras condiciones de amnistía o desarme.
Esta maniobra de los grupos armados coincide directamente con la necesidad del gobierno haitiano de institucionalizar el país.
El Consejo Electoral Provisional (CEP) ratificó el cronograma oficial que fija las elecciones presidenciales y legislativas para el 18 de julio de 2027, con una eventual segunda vuelta programada para el 4 de octubre de 2027 y el inicio de campaña fijado para el 15 de abril de ese mismo anó.
Haití no celebra elecciones desde 2016 y permanece sin presidente electo desde el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021.
El gobierno interino del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé sostiene que la recuperación del territorio por la vía militar es condición indispensable para acudir a las urnas; sin embargo, la sorpresiva propuesta de diálogo introducida por las pandillas añade una nueva variable a la compleja ecuación política de Haití.
La comunidad internacional evalúa ahora si esta petición de tregua constituye un gesto real de capitulación e integración, o bien una estratagema para ganar tiempo y desmovilizar la ofensiva aliada antes del inicio del año electoral.
