El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, consideró este sábado que la lucha contra la delincuencia debe desarrollarse dentro del marco del Estado de derecho y mediante políticas de prevención, al referirse al denominado código 29 y a las actuaciones policiales que han provocado cuestionamientos por la muerte de presuntos delincuentes.
“Lo que se requiere es, en el marco de una reforma policial, que se actúe en el marco de una prevención del crimen. Entonces, no creo en una reforma policial para ejecutar el código 29; para eso no se necesita una reforma policial”, expresó el líder de ese partido opositor.
Fernández sostuvo que la ciudadanía demanda seguridad para transitar libremente por las calles sin temor a ser víctima de asaltos, pero advirtió que ese objetivo no puede alcanzarse al margen de las garantías legales.
En ese sentido, recordó que en República Dominicana no existe la pena de muerte y que cualquier actuación de los organismos de seguridad debe respetar el ordenamiento jurídico.
El exgobernante también recordó el programa Barrio Seguro, implementado durante una de sus administraciones, como parte de las iniciativas dirigidas a enfrentar la delincuencia mediante la capacitación y preparación de los miembros de la Policía Nacional.
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Asimismo, mencionó la formación de oficiales en la Universidad de Nueva York y afirmó que esas iniciativas contribuyeron a mejorar las capacidades de investigación de la institución, hasta convertirla, según sostuvo, en la más eficiente de América Latina en el descubrimiento de crímenes.
Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos a los procedimientos policiales en los que han muerto presuntos delincuentes durante supuestos intercambios de disparos.
Sobre estos hechos, se recuerda que un grupo de abogados presentó una querella formal contra el director general de la Policía Nacional, en relación con las muertes ocurridas durante esas intervenciones policiales.
A esto, el titular policial, Ernesto Rafael Rodríguez, respondió que toda acusación debe estar respaldada por pruebas, al referirse a la querella presentada en su contra por un grupo de abogados por las muertes registradas en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.
“No hay condena sin pruebas”, afirmó el director de la institución encargada de velar por el orden y la seguridad ciudadana.
