El desfase histórico de los sistemas de justicia penal en la región frente al acelerado avance tecnológico con el que opera el narcotráfico y la cibertrata amenaza con convertir el proceso judicial contra el crimen organizado en un mecanismo de impunidad.
La advertencia fue formulada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien planteó la necesidad urgente de construir una nueva arquitectura del derecho penal que evite que el rigor y los formalismos procesales se antepongan a la sanción efectiva del delito.
Resaltó que mientras grupos criminales coordinan desde Suramérica el traslado de toneladas de sustancias hacia Europa mediante plataformas virtuales y puntos estratégicos en el Caribe, la justicia responde con metodologías atadas al pasado.
No se puede combatir eficientemente el crimen organizado del siglo XXI, caracterizado por la cibertrata y el uso de la virtualidad, con herramientas, metodologías y modelos diseñados para los siglos XVIII, XIX o XX, aseveró la funcionaria al señalar que estas trabas procesales terminan favoreciendo al infractor.
Enfatizó en que el objetivo del derecho penal no es, bajo ninguna circunstancia, garantizar la impunidad de quienes delinquen, ni el procedimiento un fin en sí mismo.
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La titular del Ministerio Público habló en esos términos en el encuentro anual del programa internacional El PACTO 2.0, financiado por la Unión Europea, bajo el lema Instituciones fuertes, sociedades resilientes: juntos frente al crimen organizado, el cual definió como indispensable para garantizar la seguridad regional.
El embajador de la UE, Raul Fuentes Milani, coincidió con la postura dominicana, señalando que la lucha contra el crimen organizado debe ser firme, coordinada y orientada a obtener resultados concretos.
El foro reunió en esta capital a las principales autoridades del sector seguridad, entre ellas los ministros de Interior y Policía, Faride Raful; de Justicia, Antoliano Peralta; y el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
