Santo Domingo.– En busca de ejecutar planes para la prevención de conflictos, la identificación de riesgos jurídicos y la coordinación de estrategias entre las instituciones públicas el Ministerio de Justicia creó la Oficina del Abogado General de la Administración Pública.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, destacó que la presentación de la Oficina del Abogado General se inscribe en el proceso de modernización del Estado dominicano y en los esfuerzos por consolidar una defensa jurídica más eficiente y articulada.
En ese sentido, señaló que la protección de los intereses estatales requiere no solo una representación adecuada ante los tribunales y los tribunales arbitrales, sino también la prevención de conflictos, la identificación de riesgos jurídicos y la coordinación de estrategias entre las instituciones públicas.
La actividad tuvo lugar en el salón Las Américas del hotel Crowne Plaza, en Santo Domingo, con motivo del segundo aniversario de la reforma constitucional proclamada en 2024. El acto contó con la participación del ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; y el abogado general de la Administración Pública, Jorge Herasme Rivas.
Al encuentro asistieron jueces de la Suprema Corte de Justicia y representantes del Poder Judicial, directores generales, así como un nutrido grupo de directores y encargados jurídicos de distintas instituciones de la Administración Pública.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, quien destacó que la creación del Ministerio de Justicia, el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público y la institucionalización de la defensa jurídica del Estado han sido pilares del proyecto de reforma institucional impulsado por el presidente Luis Abinader desde antes de asumir el Gobierno.
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Freund explicó que estas iniciativas responden a la necesidad de modernizar el sistema de justicia y delimitar adecuadamente las funciones institucionales, separando la persecución penal, a cargo del Ministerio Público, de la formulación de las políticas públicas en materia de justicia.
Asimismo, resaltó la importancia de contar con una estructura especializada para defender los intereses jurídicos del Estado y fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas en la Administración Pública.
El ministro subrayó que una defensa jurídica efectiva contribuye a proteger los recursos públicos y a evitar actuaciones contradictorias entre las entidades estatales.
Asimismo, reconoció los desafíos institucionales que supone la puesta en funcionamiento de esta nueva estructura y destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre las áreas jurídicas de las distintas instituciones.
En tanto, el abogado general de la Administración Pública, Jorge Herasme Rivas, explicó que la oficina tiene como objetivo garantizar una representación permanente, coordinada y especializada de la Administración Pública ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Destacó, además, que su funcionamiento requiere una estrecha colaboración con las direcciones jurídicas de las instituciones, a fin de asegurar una defensa coherente, sustentada en el conocimiento de los expedientes y de las actuaciones administrativas que originan los procesos judiciales.
