El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) actuaron ante una denuncia de tala en La Placeta de Yuna, municipio de Rancho Arriba.
Tras la investigación y el sometimiento del caso, un tribunal de San José de Ocoa impuso tres meses de prisión preventiva a Juan Encarnación y Nery Encarnación.
Los dos hombres son investigados por el corte y la destrucción de árboles en unas 30 tareas de terreno situadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Valle Nuevo.
La intervención comenzó con una denuncia de comunitarios. Técnicos de Medio Ambiente, guardaparques y miembros del SENPA inspeccionaron el lugar y documentaron los daños.
El informe técnico identificó árboles cortados de cabirma santa, manacla, pino macho y yagrumo, además de dos aserraderos manuales. También señala que los trabajos se realizaron a menos de diez metros de un arroyo.
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Con los hallazgos de la inspección, el Ministerio Público llevó el caso ante la justicia y solicitó la medida de coerción que acogió el tribunal.
El Ministerio de Medio Ambiente señaló que existen antecedentes de prisión preventiva por delitos ambientales.
Lo que marca esta etapa es la decisión expresa del Estado de tratar las agresiones graves contra sus bosques, cuencas y áreas protegidas como un asunto de interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional, conforme al Decreto 615-26.
“El que destruya deliberadamente nuestro patrimonio natural debe saber que habrá investigación, sometimiento y consecuencias conforme a la ley”, expresó el ministro Paíno Henríquez.
El decreto refuerza la prevención y la coordinación entre las instituciones encargadas de proteger los recursos naturales.
La investigación de cada hecho corresponde al Ministerio Público y las decisiones sobre medidas de coerción corresponden a los tribunales.
“El mensaje es muy sencillo: nuestros parques nacionales no están solos. Nuestros bosques no están solos. Detrás de ellos está el Estado dominicano”, afirmó Henríquez.
La prisión preventiva es una medida de coerción y no supone una declaración de culpabilidad.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantendrá la vigilancia en la zona y dará seguimiento al proceso judicial, en coordinación con el Ministerio Público y el SENPA.
