La abogada Ingrid Hidalgo, defensora de las víctimas en el sonado caso de la tragedia en la discoteca Jet Set, reveló que como parte querellante exigen una indemnización de 300 millones de pesos.
La jurista calificó esta solicitud como una “medida de coerción real”, adelantando que en los próximos días tramitarán un recurso de medidas civiles para asegurar la compensación a las víctimas.
Respecto a la acusación del Ministerio Público, Hidalgo afirmó su corrección, reiterando que la lamentable tragedia en la discoteca Jet Set fue por un acto involuntario, con penas que oscilan entre seis meses y dos años.
“Nosotros como abogados no inventamos”, enfatizó.
No obstante, la abogada recalcó que, desde el principio, advirtieron que la solicitud de los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat para un contraperitaje era inadmisible por extemporánea.
“El juez acogió nuestra solicitud. Señores, no es ser buen abogado, es darle lo que la ley da y pide, y pedir lo que ella da. Ellos (los abogados de los hermanos Espaillat) no hicieron lo que debían, el debido proceso de ley les fue cumplido”, agregó.
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Yan Carlos Martínez, quien también defiende a otras víctimas, aseguró que el peritaje a la infraestructura ya arrojó “suficientes pruebas que confirman la negligencia denunciada por los querellantes”.
«Las causas del derrumbe del Jet Set ya están claras: 126% de sobrecarga y modificaciones estructurales sin permiso… Los únicos que aún no aceptan el porqué del colapso del Jet Set son los hermanos Espaillat«, enfatizó el jurista.
Asimismo, valoró que el juez Raymundo Mejía haya sido enfático en no aceptar más dilaciones en el proceso, especialmente tras la solicitud del contraperitaje.
“La pretensión de los hermanos Espaillat era, a todas luces, una dilación totalmente improcedente. Cualquier defensa mínimamente razonable sabía que sería declarada inadmisible”, destacó Martínez.
En ese sentido, agregó que el magistrado Mejía protegió con acierto los derechos de las víctimas y que no tolerará más procesos dilatorios.
Este viernes, los abogados Miguel Valerio y Ramón Núñez, representantes de los hermanos Espaillat, solicitaron un contraperitaje para reevaluar la infraestructura del Jet Set, una petición que fue categóricamente rechazada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
