El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, advirtió sobre el «peligro» de naves aéreas militares de EE. UU. en territorio dominicano, tras los acuerdos militares anunciados por el presidente Abinader, alegando una «injerencia directa a la soberanía nacional».
«Nos preocupa la reciente autorización del Gobierno para que Estados Unidos instale y opere aviones militares en aeropuertos de la República Dominicana», comunicó el presidente del instituto.
Gómez Ramírez ofreció estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede de la institución en la Ciudad Colonial, enfatizando que esta concesión compromete seriamente la soberanía dominicana a pesar del acuerdo suscrito con Estados Unidos en 1995 por el narcotráfico.
«Si bien la República Dominicana tiene un convenio suscrito con Estados Unidos en 1995, ampliado en 2003, para la lucha contra el narcotráfico y sustancias psicotrópicas, estos acuerdos jurídicos supeditan su aplicación al estricto cumplimiento del orden legal y constitucional de cada Estado, además de entrañar que se tome en cuenta el interés nacional», sostuvo.
El presidente del Instituto Duartiano enfatizó la necesidad de que estas fuerzas transnacionales operen sin perjudicar la soberanía constitucional.
«El artículo 3 de la Constitución declara que ‘la soberanía de la República Dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable’”, Leyó.
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Gómez Ramírez recalcó preceptos clave de la Carta Magna.
«La Carta Magna prohíbe que ‘ninguno de los poderes públicos puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intromisión directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que vulnere la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen'», dijo.
Además, el principio de no intervención está consagrado como un «pilar fundamental de la política exterior dominicana», afirmó Gómez Ramírez.
Medidas «de extrema preocupación»
Wilson Gómez Ramírez calificó la adopción de estas medidas como «de alta sensibilidad nacional«, sugiriendo que se «aproximan un tanto a las que se reservan al estado de excepción» que se trata en el artículo 262 de la Constitución dominicana.
El Instituto Duartiano, a través de su presidente, manifestó su esperanza de que el Estado dominicano establezca límites claros con Estados Unidos.
«El Gobierno debe esforzarse por garantizar que no se desvirtúe el propósito del acuerdo anunciado, y la promesa de que las acciones se limiten estrictamente a combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional en los ámbitos aéreo y marítimo», indicó.
Gómez Ramírez enfatizó que la dirección y determinación de las operaciones militares dentro del territorio nacional, deben recaer exclusivamente en los dominicanos.
Para concluir, citó el numeral 16 del protocolo de 2003 sobre el convenio de 1995.
«El numeral 16 del protocolo de 2003 sobre el convenio de 1995 establece que «Cualquier fuerza que se use con arreglo al presente acuerdo se ajustará estrictamente a las leyes y normas pertinentes de la parte respectiva y será, en todo caso, la fuerza mínima que razonablemente exijan las circunstancias», dijo.
