El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió de manera categórica a los profesionales de la salud sobre los riesgos legales de prestar sus códigos de prescripción, al ofrecer balance sobre una reciente decisión judicial vinculada a los millonarios desfalcos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Durante sus declaraciones, Camacho desglosó tres aspectos fundamentales sobre el desarrollo de las indagatorias y el dictamen de las medidas de coerción:
1. El peligro de prestar códigos profesionales
El magistrado hizo una exhortación directa a la clase médica para evitar una práctica que calificó como un boleto directo a la justicia penal. Señaló que 22 médicos fueron procesados en esta fase precisamente por facilitar sus credenciales.
Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido, enfatizó Camacho, sugiriendo la implementación inmediata de campañas preventivas que alerten al gremio médico sobre esta modalidad de complicidad.
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2. Fortaleza de la investigación y privación de libertad
Sobre la decisión del tribunal, Camacho valoró como razonable que la gran mayoría de los imputados con excepción de dos terminaran con medidas de coerción que implican privación de libertad. Para el órgano persecutor, esto valida la solidez del expediente presentado, respaldado por cientos de medios de prueba que han llevado a varios implicados a admitir los hechos en estrados.
3. Ampliación de las pesquisas: Vamos por más
Finalmente, el director de Persecución zanjó cualquier duda sobre el alcance de las indagaciones al recalcar que el proceso judicial en torno a las anomalías detectadas en SeNaSa sigue abierto. El Ministerio Público indicó que continuará profundizando en las ramificaciones de la red de corrupción, advirtiendo de manera firme que irán tras nuevos implicados.
