Santo Domingo. Más que el resultado de una simple ratería cometida por inexpertos delincuentes, el asesinato del senador Darío Gómez obedeció a un crimen político que 25 años después retumba en la mente de los dominicanos.
A juzgar por resultados de la investigación y confesiones hechas por personas que en ese entonces dijeron conocer el hecho, todo parece indicar que la muerte de Gómez, representante del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el Senado, no fue un caso causal.
El legislador falleció el 13 de diciembre de 2001 en el Hospital Plaza General de la Salud tras haber sido herido por varios impactos de balas ocasionadas por delincuentes durante a un asalto a una residencia donde se encontraba de visita, en Santo Domingo Este.
Sin embargo, para muchos no se trató de un simple asalto en busca de dinero y objetos de valor, ni de estar de manera casual en la residencia donde se cometió el hecho, sino más bien de un crimen político planificado, dado su estilo frontal y popular de enfrentar las iniciativas legislativas del momento, como lo fue el caso de la primera Ley de Lavado de Activos, lo que según allegados y analistas pudo haberle ganado poderosos enemigos vinculados al crimen organizado.
Quien escribe, en ese entonces tuvo acceso a varios documentos de la investigación, y uno de ellos refiere la posibilidad de que en el hecho interviniera alguien cercano al legislador que tenía problemas de adicción y que estaba ligado al mundo del narcotráfico.
Según la investigación, se trataba de una persona a quien el legislador trataba de ayudar para que abandonara el mundo de las drogas. Dicha persona habría sido utilizada por los capos del narcotráfico para hacerle llegar a Gómez su posición sobre el proyecto de ley de lavado de activos que manejaba en ese entonces el legislador.
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Se estima que su muerte pudo obedecer a informaciones mal intencionadas y confidenciales que esa persona tenía de él, las cuales fueron reveladas a los capos de las drogas.
Los investigadores de ese entonces tenían la creencia de que ciertamente, Gómez era un terrible enemigo de las drogas y el narcotráfco, por lo que durante su gestión era el principal propusor de la Ley de Lavado de Activos, la cual terminó siendo aprobada en el 2002, un año después de su muerte.
Su muerte conmocionó a la sociedad dominicana y paralizó temporalmente al Senado. Tras su fallecimiento, la curul vacante en representación de Santiago Rodríguez fue ocupada posteriormente por su hermana, Celeste Gómez.
Los hechos
El 11 de diciembre de 2001, Darío Gómez, -conocido por su estilo frontal y popular en su demarcación-, fue atacado a tiros en una residencia ubicada en la provincia Santo Domingo.
Tras sufrir varios impactos de bala durante un confuso incidente y forcejeo, el legislador fue trasladado de emergencia al Hospital General Plaza de la Salud, donde falleció dos días después.
Gómez era una figura de gran peso político en el Congreso y se le atribuye haber impulsado y defendido proyectos controversiales y de alto perfil, como la primera gran Ley de Lavado de Activos, lo que según allegados y analistas pudo haberle ganado poderosos enemigos vinculados al crimen organizado.
El caso transitó por los tribunales bajo una intensa presión pública y familiar que exigía esclarecer tanto a los ejecutores materiales como a posibles autores intelectuales.
El 26 de noviembre de 2005, el juez del Segundo Tribunal Liquidador de la Provincia Santo Domingo, Alexis A. Geraldino, emitió una sentencia histórica en la que condenó a 30 años de prisión a los cuatro acusados materiales de participar en el asesinato del senador, además de imponerles el pago de una indemnización económica a los familiares.
A lo largo de los años, familiares y sectores de la sociedad han mantenido vivo el reclamo de que la justicia profundice en torno a los presuntos autores intelectuales detrás del atentado. Varios de los implicados o figuras secundarias vinculadas al entorno del crimen sufrieron muertes violentas posteriores en circunstancias que alimentaron el misterio en torno al expediente.
Aunque judicialmente el caso se cerró procesando y condenando a los ejecutores materiales bajo la tipificación de un atraco o crimen común (ocurrido en una residencia), las circunstancias nunca convencieron del todo a la opinión pública ni a sus familiares, que 25 años después siguen clamando justicia.
En una segunda entrega, escribiremos sobre el testimonio de algunos que afirmaron que se trató de un acto de sicariato por encargo.
