El presidente de la República, Luis Abinader, ya derogó el Decreto 693-24, que imponía medidas arancelarias a las importaciones de arroz proveniente, según consta en el Decreto 635-26 promulgado el 9 de septiembre de 2026.
La disposición oficial deja sin efecto las gravámenes aplicados al cereal procedente de los Estados Unidos y de otros mercados internacionales.
El referido decreto fue promulgado dos días antes de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) hiciera pública una solicitud formal para la anulación de dicho arancel.
El Decreto 635-26 fue publicado en la Gaceta Oficial.
El 11 de septiembre, la entidad estadounidense divulgó a través de la red social X el requerimiento presentado al Gobierno dominicano, tras una reunión virtual sostenida días antes entre representantes del Gobierno estadounidense y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó.
Durante ese encuentro previo, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman, y la jefa negociadora agrícola, Julie Callahan, expusieron ante la delegación dominicana la necesidad de anular el Decreto 693-24.
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La representación estadounidense argumentó que la vigencia de los aranceles restringía el acceso al mercado dominicano e incumplía los compromisos de acceso libre establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
El Decreto núm. 693-24, emitido originalmente el 17 de diciembre de 2024, había establecido un marco regulatorio para la entrada de arroz al territorio nacional.
La normativa imponía un arancel del 20 % ad valorem dentro del contingente y del 99 % ad valorem fuera de este.
De igual modo, contemplaba una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas con un arancel del 0 % para el arroz originario de Estados Unidos, aplicando una tarifa del 99 % a los volúmenes sobrantes y a las importaciones procedentes de Nicaragua.
Dichas restricciones arancelarias de 2024 habían sido adoptadas por recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), mediante la Resolución 07-2024 del 6 de diciembre de 2024, sustentada en la necesidad de resguardar la producción arrocera en 21 provincias del país y asegurar el abastecimiento alimentario nacional.
Con la entrada en vigor del Decreto 635-26 el 9 de septiembre de 2026, el artículo 1 establece la derogación total del Decreto 693-24.
En su artículo 2, la disposición instruye la notificación oficial al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a la Dirección General de Aduanas (DGA) y al CONASSAN para su conocimiento y ejecución.
