Santo Domingo.- El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) valoró la promulgación de la Ley núm. 88-26, que amplía hasta el 5 de mayo de 2028 el plazo para la aplicación de las disposiciones del nuevo Código Penal relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y reconoció la labor del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo en la aprobación y promulgación de esta medida.
La organización consideró que esta decisión ofrece una oportunidad para avanzar en la preparación del sector empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), mediante el fortalecimiento de sus mecanismos internos de prevención, supervisión y control.
El CNCP destacó que la responsabilidad penal empresarial constituye una transformación relevante del marco jurídico dominicano y que su implementación requiere medidas que faciliten el conocimiento y cumplimiento de las nuevas disposiciones, tomando en cuenta las diferencias de tamaño, estructura y capacidad administrativa de las empresas.
Una propuesta para el comercio organizado
En ese contexto, el Consejo propuso impulsar, en coordinación con las instituciones competentes y las organizaciones empresariales, un plan de orientación y acompañamiento que contemple capacitación, asistencia técnica y herramientas prácticas de cumplimiento adaptadas a las características de los establecimientos comerciales.
Valoramos esta decisión, que permite disponer de un período adicional para la adecuación empresarial. Ahora corresponde aprovecharlo para que los comerciantes conozcan sus responsabilidades, identifiquen riesgos y fortalezcan sus mecanismos de prevención, expresó la organización.
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Entre las medidas planteadas figuran la elaboración de guías simplificadas sobre las nuevas disposiciones, jornadas de capacitación para comerciantes y administradores, y orientación para establecer procedimientos internos de prevención y supervisión acordes con el tamaño y la naturaleza de cada negocio.
Asimismo, el CNCP consideró importante promover espacios de coordinación entre las autoridades, las entidades vinculadas al desarrollo empresarial y las organizaciones gremiales, con el propósito de facilitar una implementación ordenada del nuevo régimen.
Responsabilidad empresarial y seguridad jurídica
La organización señaló que la preparación para estas disposiciones debe alcanzar tanto a las grandes empresas como a los comercios familiares, distribuidores y demás establecimientos que integran las cadenas de abastecimiento nacional.
En ese sentido, sostuvo que la adopción de buenas prácticas de gestión y prevención contribuye al fortalecimiento empresarial, mejora los procesos internos y favorece un entorno de mayor confianza y seguridad jurídica.
El CNCP reiteró su compromiso con la formalización, la transparencia y el desarrollo de un comercio organizado y competitivo, así como su disposición de contribuir a las iniciativas de articulación institucional que faciliten la preparación del sector.
El éxito de esta medida no dependerá únicamente del tiempo concedido, sino de cuánto avancemos en la preparación de las empresas para cumplir sus responsabilidades. Ese debe ser nuestro compromiso de cara a mayo de 2028, concluyó el Consejo.
