La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) depositaron este miércoles una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la cual solicitan la paralización del proyecto Manzanillo Gas & Power y su reubicación fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa de Manzanillo, en la provincia Montecristi.
Las organizaciones solicitaron además la adopción de una medida cautelar para detener las intervenciones que, según afirman, estarían afectando el área protegida, mientras avanzan las acciones legales derivadas de la querella.
En el documento, también pidieron al juez de instrucción que conozca el caso investigar al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, a quien atribuyen responsabilidad por la autorización y promoción de la instalación de dos plantas privadas de generación eléctrica, con una capacidad conjunta de 860 megavatios y funcionamiento a base de gas natural licuado.
Las entidades solicitan que el funcionario sea procesado y plantean una condena de 10 años de prisión, además de una medida de coerción real de US$50 millones, o su equivalente en pesos dominicanos, como garantía para la eventual restauración de los daños que atribuyen al proyecto.
Alegan afectación ambiental
Las organizaciones sostienen que la construcción del proyecto se desarrolla dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa y alegan que las instalaciones se encuentran a unos 55 metros por un lado y 119 metros por el otro de la zona que identifican como el núcleo de mayor concentración de manglares del Caribe insular.
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Afirman que la legislación ambiental dominicana establece restricciones para determinadas actividades industriales dentro de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.
De acuerdo con su denuncia, la intervención habría afectado unos 575 mil metros cuadrados de vegetación, por lo que reclaman que se establezcan las responsabilidades correspondientes y que se adopten medidas para la restauración ambiental.
También solicitan el pago de los daños y perjuicios que, según alegan, habrían sufrido personas que dependen de los recursos naturales de la zona, entre ellas recolectores de crustáceos y pescadores.
Las entidades cuestionan además los posibles efectos ambientales que atribuyen a las operaciones del proyecto, entre ellos emisiones, vertido de aguas residuales, tránsito terrestre y un eventual aumento de la temperatura del agua de la bahía de Manzanillo debido a las operaciones del buque de regasificación.
A esto, agregan, se sumarían los impactos asociados al tránsito de embarcaciones destinadas a abastecer de combustible al buque regasificador.
Las organizaciones denunciaron igualmente el supuesto relleno de humedales y lagunas para la construcción de infraestructura vinculada al puerto y al gasoducto del proyecto.
Sostienen que este sistema de cuerpos de agua costero-marinos, que se extiende por una parte de Manzanillo y hacia territorio haitiano, está incluido dentro de las áreas protegidas por la Convención Ramsar sobre Humedales, adoptada en 1971 y vigente desde 1975.
Sustento de la querella
Para sustentar su acción, las organizaciones citan la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 y otras disposiciones legales relacionadas con la protección y manejo de las zonas de amortiguamiento.
También invocan disposiciones de la Constitución de la República, la Ley General de Salud 42-01, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12 y normas del Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil.
Las entidades califican los hechos denunciados como un presunto crimen ambiental y citan además disposiciones de la legislación sobre pesca y acuicultura para sustentar las sanciones que solicitan.
Lo planteado por el BID
Las organizaciones señalaron que durante las conversaciones sostenidas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), en relación con el proyecto, el organismo habría reconocido que el Proyecto Energía Manzanillo está ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa.
Según las entidades, el BID argumentó que fueron las autoridades dominicanas quienes determinaron la ubicación del proyecto y que el Gobierno había condicionado su desarrollo a que fuera construido en ese lugar.
Las organizaciones también cuestionaron al organismo financiero por considerar que el proyecto no se corresponde con compromisos de promoción de energías renovables en sustitución de fuentes basadas en combustibles fósiles.
De acuerdo con lo expuesto por las entidades, el BID respondió que fue el Gobierno dominicano el que estableció que el proyecto utilizara gas natural licuado.
