Los sectores que dentro y fuera de la Policía han boicoteado desde el primer momento la transformación de la institución en un cuerpo transparente, orientado al servicio público y respetuoso de los derechos humanos, han ganado la batalla. Con las ejecuciones en supuestos intercambios de disparos, la Policía se aleja cada vez más de la modernización y echa por la borda los alrededor de 8,389 millones de pesos que se destinaron en dos años para el equipamiento y seguridad de los agentes en las labores de patrullaje o persecución de requeridos por la justicia con cámaras corporales, chalecos antibala y pistolas eléctricas no letales.
Ni siquiera para guardar las apariencias la Policía ha presentado un solo video o fotografía que respalde su afirmación sobre la caída en refriegas de perseguidos por crímenes, asaltos o algún otro delito. Si es que no se han dañado en los operativos, las cámaras y los equipos tecnológicos se han reducido a un lujo, lo mismo que las pistolas eléctricas. Para desempeñar el servicio con más eficiencia, a los policías, que disponen de camionetas y motores para desplazarse, se les ha mejorado considerablemente el sueldo, entre muchos otros beneficios como parte de la reforma impulsada por la actual administración.
Cada vez se entienden con más claridad las razones por las que la reforma se ha estacando. Al menos el proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo contempla la creación de un Consejo Superior Policial como órgano de dirección estratégica y elimina la práctica de asignar agentes para labores privadas, en tanto los ascensos estarán basados en mérito, educación continua y desempeño. También regula de manera estricta el uso de la fuerza, sobre la base de principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Por ahora, esta última parte es una de las más inaceptables por la poderosa estructura interna que reivindica el pasado para objetar la transformación de la Policía.
Los crímenes, que muchos civiles aplauden, generan también sus conjeturas. Amplios sectores concuerdan que con la eliminación de delincuentes, estructuras que operarían en la Policía buscan resguardarse de eventuales vínculos con ellos. Alimenta la sospecha que los agentes han demostrado eficiencia, cuando han querido, en la aclaración de sucesos horrendos en el menor tiempo sin disparar un solo tiro. El homicidio durante un atraco a su residencia de la señora Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, es un buen ejemplo. La Policía hizo gala de la tecnología y los recursos que utilizó en la investigación de un crimen que consternó a la población.
Sin darles tiempo a que se entreguen, muchos fichados, previamente ubicados, han sido ejecutados hasta con los brazos en alto por patrullas policiales. Salvo casos escandalosos, como el del jovencito abatido en Guajimía, Herrera, la impunidad termina imponiéndose en cada suceso. La ola de ejecuciones bajo la gestión de Ernesto Rafael Rodríguez García confirma que la Policía reniega de todo tipo de reforma para cumplir con apego a los derechos humanos y la transparencia la preservación del orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Y lo hace, no vestida de Prada, pero sí de lujo.
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