CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Siete policías guatemaltecos fueron detenidos mientras se investigaba las acusaciones de que supuestamente sembraron un arma para acusar a dos hombres por el asesinato de un abogado, un caso que ha causado indignación a nivel nacional e internacional. Un juez ordenó la liberación de los dos implicados a solicitud de la fiscalía.
La fiscalía confirmó la detención de los policías la noche del viernes, mientras la Policía Nacional Civil señaló en un comunicado que puso a disposición a un comisario, un inspector, un tercero oficial y cuatro agentes, por “presuntas irregularidades en el procedimiento de detención de los hermanos Choc Toz, ocurrido el 17 de octubre”. No identificó a los señalados por su nombre.
Hombres armados ingresaron el pasado 17 de octubre a un campo de fútbol de la capital guatemalteca para asesinar al abogado Juan Francisco Solórzano Foppa , quien murió de varios disparos. El ataque también cobró la vida de Gustavo Aguilar, mientras que otras cinco personas resultaron heridas.
La policía detuvo poco después a Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, dos hermanos de origen indígena, uno de los cuales no hablaba español, y los presentaron ante la prensa como presuntos responsables, además de informar que se les había incautado un arma de fuego.
Los hombres aseguraron que eran inocentes y trabajaban como repartidores de comida. Su detención desató protestas ante los tribunales para exigir su liberación. Luego de una audiencia frente a un juez, la fiscalía solicitó que fueran puestos en libertad debido a que, tras realizar los peritajes al arma, se determinaron que hasta el momento no había evidencia que los vinculara al crimen.
El asesinato de Solórzano Foppa conmocionó al país ya que la víctima contaba con seguridad proporcionada por el Estado debido a que había recibido amenazas y era reconocido por sus constantes críticas al expresidente Alejandro Giammattei y la exfiscal general Consuelo Porras.
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Al haber desempeñado como fiscal antipandillas, Solórzano Foppa obtenía constantemente información relacionada a acciones de pandilleros. Cuestionó públicamente la relación de la ex primera dama Sandra Torres —quien desde hace años intenta llegar a la presidencia— y su familia con líderes de la pandilla Barrio 18.
Como abogado defendió en una fase del proceso al reconocido periodista José Rubén Zamora y también fungió como Superintendente de Administración Tributaria.
En un video difundido días antes de su muerte, el abogado habló sobre la posibilidad de que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) estuviera involucrada en un operativo militar en el municipio de Huité, en el este del país, donde ocho civiles murieron en varios tiroteos a finales del mes pasado, en los que se investiga la presunta participación de más de 100 militares guatemaltecos.
