El Gobierno aprobó mediante el Decreto 787-26 el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, una normativa clave que establece controles obligatorios para el uso de estas tecnologías en las instituciones estatales, protege los derechos de la ciudadanía y prohíbe prácticas como la vigilancia masiva indiscriminada y el perfilamiento criminal predictivo.
La normativa fue impulsada por el presidente Luis Abinader, a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
El instrumento busca garantizar que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los servicios públicos se realice de manera responsable, segura, inclusiva y transparente.
Además, se alinea con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La misma fue elaborada mediante un proceso participativo y multisectorial, y establece disposiciones de cumplimiento obligatorio para las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada.
En cuanto su principal medida figura la Evaluación de Impacto Ético y de Derechos (EIED), que deberán realizar los organismos públicos antes de poner en funcionamiento sistemas de inteligencia artificial considerados de alto impacto, especialmente aquellos que puedan afectar el acceso a derechos, beneficios sociales o el ejercicio de facultades sancionadoras.
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Estos sistemas también necesitarán la aprobación del órgano de supervisión correspondiente.
Así mismo las prácticas prohibidas, la regulación impide la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin una orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo sustentado en prejuicios territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y el uso de armas autónomas.
Instituye una protección especial para niños, niñas y adolescentes, al considerar que los sistemas automatizados dirigidos a esta población presentan un riesgo reforzado.
En ese sentido, prohíbe categóricamente el uso de inteligencia artificial para generar o distribuir contenido que resulte lesivo, abusivo o discriminatorio contra menores de edad.
Otro de los aspectos contemplados es la soberanía digital. Las instituciones públicas deberán exigir a sus proveedores garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos de los dominicanos.
La disposición busca evitar la contratación de sistemas cerrados o de «caja negra» cuyos procesos no puedan ser examinados ni auditados por el Estado.
El decreto dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo integrado por instituciones estatales y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto.
También tendrá entre sus funciones facilitar la coordinación institucional y promover la participación de la academia y la sociedad civil, así como el seguimiento y escrutinio social de la implementación de la normativa.
En ese orden se concedió un plazo de 180 días calendario para que las entidades públicas adapten sus procedimientos internos, registren los sistemas tecnológicos que utilizan, designen a los funcionarios responsables y adopten las medidas necesarias para cumplir con las nuevas disposiciones.
