El ejercicio ilegal de la medicina constituye una amenaza urgente para la salud pública y una afrenta a la dignidad humana. Cuando una persona sin la formación, las credenciales o la autorización legal correspondientes asume funciones médicas, convierte la vulnerabilidad del paciente en una oportunidad para la improvisación, el engaño y, en los casos más graves, el daño irreversible.
El intrusismo no debe confundirse con el error médico. Todo profesional puede equivocarse, incluso actuando con prudencia y conforme a los conocimientos científicos disponibles. El problema adquiere otra dimensión cuando alguien ejerce sin las competencias necesarias, usurpa una especialidad o realiza procedimientos para los cuales carece de preparación y habilitación.
Las consecuencias pueden ser devastadoras: diagnósticos equivocados, tratamientos inadecuados, intoxicaciones medicamentosas, infecciones, hemorragias, lesiones neurológicas, deformidades, pérdida de órganos y muertes evitables. También pueden producirse secuelas psicológicas, ansiedad, depresión y pérdida de confianza en los servicios sanitarios.
En psiquiatría, por ejemplo, una evaluación deficiente puede conducir a la utilización inadecuada de psicofármacos, la omisión de enfermedades orgánicas que simulan trastornos mentales o la interrupción peligrosa de tratamientos. En otras especialidades, una intervención sin las debidas condiciones de seguridad puede ocasionar lesiones permanentes que ninguna reparación posterior consiga revertir completamente.
La República Dominicana dispone de la Ley General de Salud núm. 42-01, cuyo artículo 92 establece requisitos para el ejercicio de las profesiones sanitarias, entre ellos la titulación correspondiente y el exequátur. La legislación también contempla obligaciones relacionadas con la ética profesional, los derechos de los pacientes y la regulación de los establecimientos de salud. No basta, por tanto, con exhibir diplomas, publicidad o instalaciones atractivas: hay que demostrar las credenciales y autorizaciones exigibles.
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¿Cómo evitar las secuelas? La primera medida es la prevención. El Ministerio de Salud Pública debe fortalecer la inspección, verificar las habilitaciones, investigar las denuncias y aplicar las sanciones que correspondan, respetando el debido proceso. Los centros sanitarios deben comprobar las credenciales del personal, delimitar sus competencias y garantizar que los procedimientos se realicen en condiciones adecuadas de seguridad.
Los pacientes, por su parte, deben verificar que el profesional esté debidamente acreditado y que el establecimiento cuente con las autorizaciones correspondientes. Ante tratamientos invasivos, cirugías o diagnósticos graves, es razonable solicitar una segunda opinión. También deben desconfiar de las promesas de curación absoluta, los procedimientos clandestinos y la recomendación de abandonar tratamientos prescritos sin una evaluación médica competente.
Cuando exista sospecha de daño, la respuesta debe ser inmediata. Es necesario suspender la exposición a procedimientos potencialmente peligrosos y buscar una evaluación médica independiente. Si aparecen dificultad respiratoria, alteraciones de conciencia, hemorragias importantes, debilidad súbita o dolor intenso, se debe acudir a urgencias. No conviene esperar a que los síntomas desaparezcan ni recurrir a remedios caseros para contrarrestar complicaciones.
La atención temprana permite identificar lesiones, corregir tratamientos, controlar infecciones y comenzar la rehabilitación cuando sea necesaria. Deben conservarse las recetas, los resultados, los informes clínicos, las facturas y las comunicaciones pertinentes. Si se confirma una irregularidad, corresponde denunciarla ante las autoridades sanitarias y, según la naturaleza del caso, ante los organismos profesionales o judiciales competentes.
La Organización Mundial de la Salud advierte que una parte considerable de los daños asociados a la atención sanitaria puede prevenirse. De ahí que la seguridad del paciente requiera regulación efectiva, vigilancia, personal competente y participación informada de las familias.
Combatir el intrusismo no significa defender privilegios gremiales ni convertir el título universitario en una patente de infalibilidad. Significa proteger el derecho de la población a recibir atención competente, ética y segura.
La medicina no admite imposturas: quien juega a ser médico puede terminar convirtiendo la enfermedad en discapacidad y la confianza en tragedia.
