Después de cinco jornadas de reuniones, la comisión bicameral que estudió el proyecto de Presupuesto para el 2026 aprobó este miércoles el informe de la pieza sin contemplar el crucial ajuste salarial por inflación previsto en el Código Tributario desde 1992, pese a las fuertes presiones públicas de la oposición para que dicho ajuste por inflación fuera incorporado el próximo año.
El presidente de la comisión, el diputado perremeísta Francisco Javier Paulino, confirmó que el punto de la indexación salarial quedó «tal como estaba», significando un nuevo aplazamiento de la discusión obligatoria de la indexación.
El vicepresidente de la comisión, el senador Pedro Tineo, indicó que durante los trabajos «ningún bloque político presentó formalmente una propuesta clara sobre la indexación salarial«, por lo que el tema no fue abordado a lo interno del equipo.
El senador del PRM por Monte Plata señaló que se otorgaron turnos para que los legisladores expusieran sus inquietudes, pero que «ninguno tomó la palabra» para defender la indexación salarial, lo que facilitó que la comisión aprobara el informe con el voto mayoritario de los congresistas.
Tineo añadió que el informe se aprobó con el voto mayoritario de los integrantes y que está listo para ser debatido y votado en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Al ser cuestionado sobre la indexación, Tineo afirmó que el reclamo opositor es «un asunto meramente político» que únicamente se ventiló en los medios de comunicación, pero que no fue promovido a lo interno de la comisión.
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¿Qué es la indexación salarial y por qué es clave?
Desde que el proyecto de Presupuesto para el 2026 se depositó en la Cámara de Diputados, en septiembre de este año, la oposición dominicana ha insistido en que esta iniciativa del Poder Ejecutivo debe ajustarse estrictamente a lo que ordena el Código Tributario: la revisión obligatoria anual de los salarios para ajustarlos a la inflación real.
Desde 2017, los distintos gobiernos han ignorado sistemáticamente el mandato del Código Tributario y se han amparado en la inclusión de un artículo en cada presupuesto anual para seguir aplazando la discusión de la indexación salarial hasta el año siguiente.
Esta continua inobservancia ha provocado que miles de trabajadores dominicanos con ingresos mensuales de 34,000 pesos paguen impuesto sobre la renta (ISR), mientras que la oposición intensifica su lucha por ajustar ese monto para que solo los empleados con ingresos superiores a los 52,000 pesos mensuales sean quienes realmente paguen este impuesto.
Oposición amenaza con llevar el caso al Tribunal Constitucional
Aunque en la comisión hubo un voto mayoritario a favor, los bloques de oposición adelantaron que no apoyarán este crucial proyecto cuando llegue al hemiciclo para su votación final.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro de la comisión bicameral, Charlie Mariotti, aseguró que buscarán activamente la eliminación del polémico artículo 45 del proyecto, donde se establece que no se aplicará la indexación salarial correspondiente al ajuste inflacionario.
Sostuvo que presentarán formalmente la propuesta en el pleno y que, si es rechazada, acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la nulidad de la ley por considerar que vulnera directamente los derechos vinculados al salario real de todos los trabajadores dominicanos.
Mientras tanto, el senador Edward Espíritusanto, de la Fuerza del Pueblo (FP), confirmó que su partido tampoco votará a favor del proyecto, al asegurar que el presupuesto está «orientado principalmente al gasto corriente» y que la inversión pública vital resulta insuficiente.
Añadió que insistieron firmemente en que se contemplara la indexación salarial, pero que sus planteamientos clave no fueron asumidos por la comisión.
Los números clave del Presupuesto General 2026
La pieza del Presupuesto General del Estado para el 2026 asciende a la impactante cifra de 1 billón 744 mil millones de pesos, equivalente al 20.1 % del PIB nacional.
El proyecto estima ingresos totales por 1,342,258.2 millones de pesos (15.5 % del PIB) y un gasto total consolidado de 1,622,833.4 millones de pesos (18.7 % del PIB).
Esto supone un considerable déficit fiscal de 3.2 % del PIB, equivalente a la suma de 280,575.3 millones de pesos.
La iniciativa proyecta, además, una inversión pública estratégica de 215,284.7 millones de pesos (2.5 % del PIB), lo que representa un aumento significativo con respecto al presupuesto inicial de 2025.
Según el Gobierno, estas inversiones cruciales forman parte del ambicioso Plan Meta RD 2036, que contempla estrategias de desarrollo para duplicar el tamaño de la economía nacional en los próximos años.
¿Qué sigue ahora en el Congreso Nacional?
Con el informe ya aprobado, la controversial pieza pasará primero a la Cámara de Diputados, donde será intensamente conocida y votada, y luego será remitida al Senado para culminar el mismo trámite legislativo.
