El presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas (Asonabade), Ricardo Nadal, cuestionó algunos aspectos contemplados en el proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en República Dominicana, aprobado por el Congreso Nacional y pendiente de promulgación u observación por parte del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, la asociación depositó una misiva ante el Ejecutivo en la que solicita que, antes de que el proyecto sea promulgado por el presidente Luis Abinader, sean revisados varios artículos relacionados con las bancas hípicas, la ludopatía, el límite de bancas y la proliferación de puntos de juegos, entre otros aspectos.
- El proyecto culminó su trámite en el Congreso Nacional hace 12 días.
Cuestionamientos legales
«Hay vicios e intereses que tiene la ley. Lo que hay detrás de eso son muchos puntos de juegos de un grupo adinerado que pretende hacer un monopolio. Las agencias hípicas se han convertido en casinos casi dentro de los barrios. Como las bancas de loterías, hay alrededor de 120 mil puntos de bancas de lotería; el volumen es tan alto que ya ni el Estado sabe cuántos son», afirmó Nadal en una conversación con Diario Libre.
En relación con los cambios introducidos al proyecto sobre las causas de cancelación o revocación de licencias para establecimientos de juegos de azar, el presidente de Asonabade sostuvo que la pieza contiene modificaciones que no estaban contempladas en la propuesta sometida inicialmente por el Poder Ejecutivo.
«Todos los vicios y beneficios son para concesionarios de bancas de loterías. No es lo que se envió al Congreso en los inicios. Nuestra carta al Ejecutivo es el veto o la observación para que dejen el proyecto original. Es imposible que estemos a favor en cuanto a los derechos de los empleados», expresó.
- Entre los aspectos que la asociación solicita revisar también figuran las disposiciones relacionadas con el régimen de licencias para los denominados Juegos Hípicos Virtuales.
Al respecto, Asonabade señala que el numeral 29 del artículo 3 de la Ley núm. 494-06 atribuye expresamente al Ministerio de Hacienda la facultad de ordenar y otorgar las licencias correspondientes a todos los juegos de azar, incluidos los electrónicos y cualquier otra modalidad de estos.
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Proliferación de puntos
Sin embargo, sostiene que mediante el Decreto núm. 480-19, que modificó el Reglamento Hípico, se incorporaron los denominados Juegos Hípicos Virtuales y se establecieron atribuciones a favor de la Comisión Hípica.
La asociación argumenta que, si la Ley núm. 494-06 atribuye al Ministerio de Hacienda la potestad de otorgar licencias para todos los juegos de azar, resulta necesario determinar jurídicamente si el Decreto núm. 480-19 podía conferir a la Comisión Hípica Nacional una facultad paralela para autorizar la explotación de juegos virtuales.
En la solicitud remitida al Poder Ejecutivo, la asociación también plantea que la eventual existencia de decenas de miles de puntos adicionales destinados a juegos de azar genera interrogantes en torno a la protección de menores, la proximidad de estos establecimientos a centros educativos, las distancias entre negocios, la prevención de la ludopatía, la fiscalización tributaria, la prevención del lavado de activos y la capacidad efectiva del Estado para supervisar el mercado.
Nadal consideró necesaria la modernización de la legislación y respaldó la creación de un órgano regulador independiente. Asimismo, advirtió que una reforma concebida para corregir las distorsiones existentes no debería, a su juicio, terminar legitimándolas o convirtiéndolas en situaciones jurídicas consolidadas.
- El proyecto de ley crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) y establece penas y sanciones para quienes infrinjan las disposiciones legales. No obstante, varios de sus artículos han sido cuestionados incluso por legisladores.
Entre los puntos señalados figuran la ampliación de la vigencia de las licencias, su cancelación o revocación, las distancias entre bancas, los impuestos y el régimen tributario, entre otros aspectos.
La iniciativa se encuentra a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo y, de ser promulgada, se convertiría en la primera ley general destinada a regular los juegos de azar en el país, aunque su aplicación plantea diversos desafíos.
