El presidente Luis Abinader informó este lunes que el subsidio a los combustibles alcanzaría este año los 40,000 millones de pesos, en respuesta al impacto de la crisis internacional sobre los precios del petróleo y sus derivados, generada por los conflictos bélicos.
El mandatario explicó que el encarecimiento de los hidrocarburos repercute en toda la economía, por lo que el Estado mantiene ayudas para amortiguar sus efectos sobre los consumidores, los sectores productivos y los indicadores sociales.
Al abordar la política de subsidios gubernamentales en LA Agenda Semanal, Abinader distinguió entre las ayudas permanentes, dirigidas principalmente a los hogares vulnerables, y las coyunturales, aplicadas para responder a situaciones internacionales que presionan los precios de productos esenciales.
Entre los subsidios permanentes mencionó los programas Aliméntate, Bonoluz y Bonogás, canalizados a través de la política de protección social. Según indicó, el monto de la ayuda alimentaria pasó de aproximadamente 825 pesos en 2020 1,650 pesos por familia en la actualidad, mientras que la cobertura aumentó de alrededor de 800,000 a 1.5 millones de familias.
Subsidios por guerras internacionales
El jefe de Estado también señaló que el Gobierno ha intervenido en los mercados de fertilizantes, trigo y combustibles para evitar que los aumentos internacionales se trasladen íntegramente a los costos de producción y a los precios que pagan los consumidores.
En el caso de la urea, materia prima utilizada para fabricar fertilizantes, sostuvo que las alzas registradas durante las crisis internacionales pudieron elevar entre un 30 % y un 40 % el precio de esos insumos. Afirmó que el subsidio aplicado en ese contexto fue retirado tras estabilizarse los precios.
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Sin embargo, indicó que el subsidio al trigo se mantiene y que las presiones sobre los combustibles han requerido nuevas asignaciones presupuestarias.
“Esos son subsidios coyunturales, pero que son importantes y en nuestra filosofía de gobierno y nuestra filosofía económica, el Estado tiene la responsabilidad de equilibrar estas materias primas, para que no afecte a la economía y pueda tener una distorsión importante, no solamente en el crecimiento económico, sino también en los indicadores sociales, especialmente afectando la pobreza
