La comisión permanente de Justicia de la Cámara de Diputados analiza con urgencia la crítica reforma al Código Procesal Penal RD que ya aprobó el Senado y que debe ser una ley promulgada antes de diciembre por un ultimátum del Tribunal Constitucional, pero, en medio del análisis, la presidencia del equipo contempla aprobar una ley más simple que no toque tantos artículos, como lo hizo la Cámara Alta, y que resuelva el gran lío legal que afecta a todos con la pieza.
El Congreso RD trabaja a contrarreloj para aprobar un nuevo Código Procesal Penal, porque si no lo hace ¡antes del 11 de diciembre!, el país estaría regido por una ley que nació en el año 2002 y que, según los propios legisladores, ya no sirve para la justicia de hoy.
El presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Wandy Batista, explicó que los legisladores tienen en sus manos dos rutas para solucionar el problema judicial que nos acecha: la reforma integral que aprobó el Senado, que modifica el Código Procesal Penal completo, y la iniciativa sometida por el diputado Rafael Castillo, concebida como una vía rápida para garantizar que no se produzca un caos legal.
En ese sentido, detalló que la propuesta del Senado es «una mega-reforma que necesita un estudio a fondo que tomará mucho tiempo», mientras que el proyecto de Castillo plantea restablecer el Código Procesal Penal, pero con las correcciones del Tribunal Constitucional.
El legislador recordó que aquella ley no fue invalidada por su contenido, sino porque en su momento se violentó una violación de las reglas parlamentarias durante su aprobación, por lo que su texto sigue siendo válido «salvo por algunos artículos que los tribunales han declarado inconstitucionales mediante el control difuso«.
Por esa razón, sostuvo que la reposición de la ley podría salvar la situación sin necesidad de regresar al texto original del 2002.
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La estrategia de los diputados
Aseguró que la comisión de Justicia ya dio el visto bueno a la iniciativa de Castillo y que, probablemente, esa será la estrategia que el órgano asumirá para evitar que, a partir del 11 de diciembre, los procesos que cursan en los tribunales se queden sin un marco normativo actualizado.
En ese orden, señaló que, una vez superado ese plazo y garantizada la estabilidad del sistema procesal, la Cámara de Diputados podrá concentrarse «con la cabeza fría y sin sobresaltos» en estudiar a fondo la reforma integral enviada por el Senado, incluso durante un tiempo más extenso si fuera necesario.
El dictamen del TC
Cuando en diciembre del 2024 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley del 2015 que establecía el Código Procesal Penal, dio un plazo fatal de un año a los legisladores para que aprueben una nueva normativa.
Tras la decisión, el Senado no solo decidió corregir los aspectos atacados por la alta corte, sino que aprovechó los cambios para ejecutar una reforma más profunda al Código Procesal Penal que incluye cambios en los plazos de la prisión preventiva, los alcances de la Suprema Corte de Justicia o la protección a las víctimas y los imputados.
Con esa enorme reforma, los diputados solo cuentan con ¡menos de un mes!, hasta el 11 de diciembre, para aprobar el nuevo Código Procesal Penal ya que, de no hacerlo, el sistema de justicia dominicano quedaría regido por la vieja norma del año 2002.
