¡La embajadora de USA, Leah Francis Campos, habló fuerte! Su discurso ante Amchamdr no fue solo cortesías; marcó un giro radical en el enfoque de Washington hacia República Dominicana bajo la nueva administración estadounidense.
La intervención, con un tono personal, ¡hasta religioso! y políticamente directa, soltó varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y la relación bilateral. Algunos de esos mensajes son rupturas explícitas con la postura de USA reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
¡El tema Haití y la frontera!
Fiel a su estilo sin filtros, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis. Una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como ¡un error garrafal!
La frontera fue cerrada unilateralmente por el lado dominicano hace dos años en represalia por la construcción de un canal sobre las aguas del río Masacre o Dajabón.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad se puso fea con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. ¡USA está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader! en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
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Es, en términos diplomáticos, una admisión de que ¡el ciclo de pleitos bilaterales por la frontera, incluyendo advertencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense!
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de USA y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ¡ese capítulo desaparece!
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para USA, no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de chip: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, ¡se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado!, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
¡Se acabaron las sanciones!
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politiquería de asuntos comerciales» ni «chismes o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de USA, sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de USA y compañía que estuvo bajo problemas laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de USA suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista negra» restringida, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje de fiscalizar a ¡apoyar la economía! a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
¡La lista de prioridades!
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, ¡fin a la tensión por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza!
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un apoyo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
