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El Poder Ejecutivo depositó este jueves en el Senado un proyecto de ley que permitiría al Estado firmar contratos con empresas privadas por períodos de entre cinco y 40 años para construir, administrar, conservar u operar obras y bienes públicos.
La propuesta establece que la duración de cada contrato dependerá de la naturaleza del proyecto, el monto de la inversión, el tiempo razonable para recuperarla y el interés general.
La iniciativa busca establecer un marco general para este tipo de contratos, con reglas para seleccionar a las empresas, supervisar los proyectos, controlar las tarifas y determinar las responsabilidades del Estado y del sector privado.
El documento plantea que los riesgos del proyecto sean asumidos en su totalidad por la empresa privada contratada, de acuerdo con lo establecido en cada contrato, sin que el Estado garantice su rentabilidad.
Tarifas reguladas
Uno de los aspectos que regula el proyecto es el cobro por los servicios vinculados a estos contratos. Las tarifas deberán quedar definidas en las condiciones del proceso de selección, en el contrato o en la oferta económica de la empresa.
Cualquier ajuste de las tarifas durante la vigencia del contrato requeriría una justificación técnica y financiera, criterios objetivos, un análisis de los riesgos del proyecto y la aprobación del Consejo Nacional de Concesiones, luego de escuchar la opinión de la empresa contratada.
Por ejemplo, si una empresa privada se hace cargo de la construcción de un peaje y asume todos los costos, podría obtener ingresos mediante el cobro de peajes una vez que la obra entre en operación. Sin embargo, no podría aumentar la tarifa sin una justificación técnica.
La propuesta también exige que las empresas mantengan registros financieros completos, actualizados y verificables, así como una contabilidad separada para cada proyecto.
La iniciativa permitiría que personas y empresas, tanto nacionales como extranjeras, presenten al Estado propuestas para desarrollar proyectos de interés público, siempre que no requieran aportes del Gobierno.
La institución correspondiente tendría un plazo de hasta seis meses para evaluar cada propuesta y determinar si es de interés público.
Condiciones de los contratos
Aunque los contratos podrían tener una duración de hasta 40 años, el proyecto prohíbe las cláusulas de renovación automática.
Las prórrogas tendrían que estar justificadas y responder a una causa objetiva, como circunstancias extraordinarias que impidan completar el proyecto o la necesidad de garantizar la continuidad del servicio.
Las extensiones no podrían superar, en conjunto, el 50 % del plazo original ni utilizarse para encubrir una renovación del contrato.
Sanciones y fiscalización
El proyecto contempla sanciones económicas según la gravedad de las infracciones. Las multas oscilarían entre cinco y 500 salarios mínimos del sector público. En casos de fraude contra el Estado o de obtención de beneficios económicos indebidos, podrían alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido o del daño causado.
Entre las infracciones muy graves figuran los sobornos, la colusión entre participantes, el fraude documental y el uso indebido de información privilegiada.
La propuesta también contempla la posibilidad de inhabilitar temporalmente a quienes reincidan en infracciones muy graves, siempre que exista una decisión firme.
Al recibir el proyecto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que le darán el tratamiento legislativo al proyecto y lo enviarán al estudio de una comisión en la próxima sesión programada.
