Un sistema de vigilancia electrónica innovador que permita detectar cuando un agresor se aproxima a una mujer protegida por una orden de alejamiento, incluso antes de ingresar al perímetro restringido, es la propuesta central de un proyecto de ley impulsado por el diputado por Santiago Mayobanex Martínez Durán.
La iniciativa, que consta de 25 artículos, plantea la creación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana y Protección Electrónica de Mujeres Víctimas de Violencia, con el propósito de fortalecer la protección de las mujeres y evitar que las órdenes judiciales de alejamiento queden limitadas a disposiciones escritas sin mecanismos efectivos de vigilancia.
Medidas de vigilancia
Entre las medidas propuestas figura la colocación de tobilleras o brazaletes electrónicos con GPS a los agresores sometidos a vigilancia por decisión judicial.
Por su parte, las mujeres protegidas recibirían alertas en sus teléfonos celulares o mediante dispositivos electrónicos suministrados gratuitamente por el Estado.
Alertas
Uno de los principales componentes del proyecto es la habilitación de zonas de prealerta, que permitirían detectar cuando el agresor se aproxima al área de protección establecida por las autoridades.
De esta manera, la víctima recibiría una advertencia anticipada que le permitiría adoptar medidas de seguridad antes de que el agresor ingrese al perímetro restringido.
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Monitoreo y alertas
La propuesta también contempla que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 disponga de una unidad especializada para monitorear estos dispositivos las 24 horas del día, durante todo el año, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
El sistema incluiría botones de emergencia, seguimiento de situaciones de riesgo y asistencia preventiva, además de mecanismos para garantizar la confidencialidad de los datos personales de las mujeres protegidas.
Martínez Durán sostuvo que la propuesta busca complementar los mecanismos de protección existentes, respetando las atribuciones de los tribunales y las garantías del debido proceso.
El proyecto fue recibido por Haifa Fernández, de la Secretaría General Legislativa.
La iniciativa surgió a raíz de un encuentro con la feminista Maribel Ickovics, en el que también participó el diputado Miguel Arredondo, representante de San Pedro de Macorís.
