¡ATENCIÓN RD! Frente a la prohibición total del aborto en República Dominicana, una nueva propuesta de ley busca que el presidente pueda dar «salidas humanitarias», como un perdón presidencial anticipado, a médicos que ayuden a niñas víctimas de violación o incesto que necesiten abortar.
La iniciativa «Déjala Ir» pide que el presidente actual evalúe opciones para no enjuiciar a quienes realicen abortos a niñas «para proteger su salud mental» después de un embarazo por violación.
«Como la ley dominicana no tiene causales para un aborto legal, el sector salud está atado de manos con niñas embarazadas por violación. Pero esta ley propone que Salud Pública y la Fiscalía actúen en casos urgentes», dice el artículo 14 del proyecto de la diputada Margarita Tejeda y otras 35.
Si se aprueba, así sería el proceso: la niña víctima de violación –o su tutor- pide el aborto, Salud Pública informa a la Fiscalía y a un juez, quien emitirá un «fallo rápido» para el presidente. El mandatario usaría ese informe para «decisiones humanitarias» que protejan la salud mental de la niña.
¿Perdón Presidencial?
Aunque no se detallan las «decisiones humanitarias», sí se habla de que el presidente pueda dar un indulto anticipado, un perdón antes de una sentencia definitiva.
El proyecto, en el mismo artículo 14, dice que esta ley abre la puerta a futuras reformas sobre salud sexual y reproductiva.
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Desde que se intentó reformar el Código Penal en julio, el Congreso ha buscado la despenalización del aborto por 3 causales, pero las propuestas no han tenido los votos necesarios.
Las 3 causales son: cuando la vida de la madre corre peligro, si el feto no es viable o si el embarazo es por violación o incesto.
Salud Pública ¡Dará Apoyo!
Además, si se aprueba, Salud Pública dará a la menor todos los cuidados esenciales para llevar el embarazo lo menos traumático posible, incluyendo terapia psicológica por violación y embarazo forzado.
Si la vida o salud de la menor corre riesgo grave por el embarazo —según al menos dos médicos expertos—, el personal de salud aplicará el protocolo de emergencia para salvarla, agotando opciones.
Si se pierde el embarazo por un procedimiento vital, la ley lo considera un aborto justificado, no punible por estado de necesidad.
El médico deberá documentar todo y comunicarlo a la justicia. El proyecto prohíbe a la Fiscalía enjuiciar a médicos o a la menor si el aborto fue por acciones médicas para salvar su vida o evitarle un daño grave.
Los centros de salud deberán dar trato confidencial y humano en todos los casos de abortos en adolescentes.
Además, esta iniciativa prohíbe detener o denunciar a la niña víctima solo por haber abortado.
«Los médicos deben salvar vidas y dar consejería, no actuar como policías», dice el proyecto.
Las investigaciones sobre abortos forzados serán con la debida diligencia, pero protegiendo a la menor y reconociéndola como víctima de coerción o violencia.
Si se aprueba, Salud Pública deberá capacitar a su personal médico en estos protocolos para que no duden en actuar por miedo a problemas legales.
