Los sindicatos dominicanos claves de los trabajadores entregaron a los diputados un pliego de alertas urgentes que abarcan más de veinte artículos del proyecto de modificación de la reforma laboral clave que se estudia en la Cámara Baja, en el que advierten graves fallas de redacción, ambigüedades legales y cláusulas polémicas que, según aseguran, podrían abrir espacio para abusos en la suspensión de contratos, el pago de la cesantía y la ejecución de sentencias laborales.
Los trabajadores solicitaron a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados revisar profundamente el proyecto de reforma laboral que llegó desde el Senado y que, según su análisis, contiene fallas técnicas, cláusulas polémicas contradictorias y cambios procesales que afectarían la protección de derechos laborales del empleado.
Uno de los puntos tocados por los trabajadores es el artículo 56, sobre la suspensión de contratos de trabajo. Los sindicatos piden suprimir el tercer párrafo incluido por el Senado, al considerar que «es innecesario» porque tanto empleador como trabajador ya tienen vías para impugnar una resolución ante el Ministerio de Trabajo o los tribunales.
El párrafo al que se refieren establece que cuando el empleador pida al Ministerio de Trabajo una autorización para suspender un contrato, la institución debe decidir en un máximo de 15 días hábiles; si vence ese plazo sin una resolución, la suspensión se considerará automáticamente autorizada.
En ese sentido, los sindicatos de trabajadores plantean que mantener ese texto podría generar caos legal y provocar aprobaciones automáticas sin el debido proceso justo.
La cesantía
También objetan el cambio introducido al artículo 86, sobre el cálculo de la multa por mora en el pago de la cesantía. La cesantía debe pagarse en un máximo de diez días, pero el Senado, cuando aprobó el proyecto, agregó un párrafo que dispone que los días no se cuentan mientras un expediente esté en estado de fallo en algún tribunal.
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Para los trabajadores, esa cláusula debe desaparecer porque reduce la eficacia de la penalidad y podría fomentar retrasos en los pagos de cesantía y preaviso.
En el caso del artículo 665, advierten que la prohibición que dispone el artículo de embargar propiedades considerados «inmuebles por destino«, como maquinarias, haría el embargo inútil.
Aseguran que, de mantenerse ese texto, un trabajador con una sentencia final «no podría cobrar contra bienes vitales de la empresa, lo que restaría eficacia a la justicia«.
Errores de redacción
Además, varias observaciones apuntan a graves fallas de redacción o frases que deben corregirse que, según los trabajadores, deben corregirse para evitar interpretaciones peligrosas.
En el artículo 52, relativo a accidentes y enfermedades laborales, señalan que la versión del Senado tiene textos redundantes, al igual que los artículos 54, 44 y 46, que, según plantearon, tienen palabras que se consideran innecesarias para la ley.
Finalmente, solicitan restablecer el artículo 640 del Código de Trabajo, que establecía que el recurso de casación debía depositarse en el tribunal que dictó la sentencia.
Consideran que el esquema fijado por la Ley 2-23, que es la que obliga a depositar en la Suprema Corte de Justicia, «dificulta el acceso a la justicia» y afecta el acceso justo a la justicia en materia laboral.
Los gremios de trabajadores insisten que sus observaciones no buscan frenar los cambios, sino garantizar que las cláusulas polémicas aprobadas no afecten los derechos laborales ni creen vacíos legales que puedan ser utilizados en daño a los trabajadores.
Añadieron que esperan que la Cámara de Diputados «solucione fallos y aclare las normas» antes de que la reforma avance en su camino legislativo.
Los sindicatos que representan a los trabajadores entregaron sus observaciones a solicitud de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que actualmente se encuentra en la fase clave de estudio del proyecto para presentar un informe y proponer la aprobación de la reforma laboral, que ya lleva más de un año en el limbo del Congreso.
