La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para próximo 17 de noviembre la audiencia crucial del juicio preliminar en contra del exjefe del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán y otros ocho imputados en el escandaloso caso Camaleón.
La magistrada Yanibet Rivas ordenó a la secretaria del tribunal notificar la cita judicial para la audiencia fijada ese día a las 9:00 de la mañana al Ministerio Público y a la defensa de los imputados.
La audiencia se fijó luego que la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, apoderara a ese tribunal para que conozca la solicitud de juicio de fondo.
La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, quien fuera encargada del control de la investigación, se apartó del caso.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acusaron formalmente a las diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red millonaria de corrupción y lavado de dinero, destapada durante la Operación Camaleón.
Entre los imputados clave figuran Hugo Beras, el exjefe del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
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También, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas. A la larga lista de acusados se suman Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas señaladas en el caso son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
El Ministerio Público explicó que la investigación obtuvo pruebas contundentes de un grave entramado de delitos, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de dinero. Estos esquemas se orquestaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
Se determinó que mediante contratos fraudulentos y acuerdos ilegales con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desfalcar millones de fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de dinero, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El cerebro de esta trama es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron una poderosa red criminal dedicada a la millonaria estafa al Estado, al lavado de dinero y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente declaró de alta complejidad el caso e impuso medidas de coerción contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, y Carlos José Peguero Vargas.
Cargos que enfrentan
José Ángel Gómez Canaán es señalado como el principal beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y se involucró en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia. Frank Díaz Warden alteró licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del entramado corrupto.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de dinero y sabotaje de la red semafórica.
Carlos José Peguero Vargas desvió fondos a través de INPROSOL S.R.L.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y blanqueando fondos hacia Gómez Canaán.
Henry Darío Feliz Casso operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de dinero público.
Con relación a las empresas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica. PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para el desfalco de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo.
Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado de dinero y contrabando. Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias.
Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico.
Inprosol S.R.L. funcionó como pieza clave en el esquema financiero y OML Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con dinero sucio.
